EL Gobierno aplazó ayer la decisión de poner en marcha un mecanismo que permita a las administraciones públicas -en primer lugar los ayuntamientos y, posteriormente, las comunidades autónomas- hacer frente al pago de sus deudas a proveedores, aunque avanzó algunos trazos la misma y advirtió que lo aprobará en breve. El Ejecutivo del Partido Popular decidió posponer unos días la medida a la espera de contar con todos los dictámenes pertinentes para acometer el cambio legislativo de carácter temporal necesario para que sea el Estado el que asuma las garantías de esas deudas. Según la información que facilitó el Gobierno ayer, los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la lista de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011. A su vez, la Comisión de Asuntos Económicos establecerá un conjunto de obligaciones legales para que las corporaciones asuman el compromiso de cumplir su pago con un plan de viabilidad. El objetivo es crear un consorcio entre el Instituto de Crédito Oficial y las principales entidades financieras para que las empresas y autónomos que soportan deudas de los ayuntamientos puedan cobrar esos débitos, pero sin intereses de demora y haciéndose cargo del coste financiero de ese adelanto. Pagar a los proveedores es una medida que creemos muy acertada, porque permitirá aclarar cuál es el total de la deuda de los municipios y también dar liquidez a pequeñas y medianas empresas con graves problemas de liquidez que se ven agravados por la restricción del crédito. El hecho de que el plan prevea que, una vez puesto al día el pago, se establezcan protocolos para lograr que los abonos se realicen y no se acumulen es también muy positivo. Esta consecución de la liquidez permitirá a muchas empresas sobrevivir -algo que otras miles no han conseguido en estos años de crisis- y mantener el empleo que sostienen y, en el futuro mediato, crear nuevos puestos de trabajo.