Ocupamos un deshonroso puesto cuarenta y uno entre los 176 países sobre lo que Transparencia Internacional ha elaborado el Índice de Percepción de Corrupción 2016. Es la peor posición obtenida por nuestro país desde que se elabora dicha tabla. En 2002 ocupábamos el puesto 20 y a partir de la crisis de 2008 fuimos descendiendo hasta donde estamos hoy. Para la elaboración del Índice, expertos internacionales puntúan a los países del 0 (mayor nivel de corrupción) al 100, (menor nivel) según la información obtenida de estadísticas e informes de organismos como el Banco Mundial, Global Insight (Guia internacional sobre Riesgo País), Political Risk Services (calificaciones de Riesgo País), Wolrd Justice Projet, Foro Económico Mundial, etc. De esa forma se mide el llamado Índice de Percepción que poco tiene que ver con, la más o menos subjetiva, que pueda tener la ciudadanía de cada país. Pero por eso mismo, por tratarse de un procedimiento supuestamente empírico elaborado por expertos independientes de diferentes países, resulta poco explicable que la percepción de la corrupción en nuestro país, basada en las fuentes de datos antes mencionada, fuese notablemente inferior durante los años de la burbuja que en éstos de la austeridad. Es más parece ser que, en relación con otros países, en 2016 hemos alcanzado comparativamente, según el informe, el record histórico de corrupción. También afirma que, si bien no tenemos un problema de corrupción sistémica, los múltiples escándalos vuelven a enturbiar nuestra imagen ante el mundo. En 2014 ocupamos el puesto 37 y el 36 en 2015.

No dudo del rigor del informe y compartiría sus conclusiones si tratase de la percepción que tenemos los españoles de la corrupción. Que, como todo el mundo sabe, ha ido en aumento por un mayor nivel de exigencia social. También por la paradoja de que cuando más se combate más visible es.

Algo que explica que en los barómetros del CIS aparezca como segunda preocupación de los españoles. Lo extraño es que coincida la percepción subjetiva de una ciudadanía hastiada de crisis económicas, políticas e institucionales y la de unos expertos internacionales que estudian nuestra realidad bajo la frialdad de estadísticas e informes de lejanos organismos internacionales. Pero a pesar de ello, después de todo lo que hemos visto en las últimas décadas, cuesta trabajo creer que tengamos que declarar 2016 año de la corrupción en España.