ACABAN de cumplirse los primeros 100 días desde la designación de Miguel Ángel Heredia como secretario general del PSOE de Málaga, momento en el que se puede dar por terminado ese periodo de gracia o cortesía con el que se suele recibir a cualquier ejecutivo que accede a un cargo público u orgánico. Como se puede comprobar tirando de hemeroteca, Heredia ha trabajado mucho durante estos tres últimos meses, casi ha alcanzado la omnipresencia a lo largo y ancho de la geografía provincial y ha tratado de que Málaga siguiera siendo una de las niñas mimadas de la Administración central.

Sin embargo, el secretario general no parece haber logrado un objetivo que se planteó tras su elección, la cohesión y pacificación interna de los socialistas malagueños. Una cuestión que fue decisiva para el desgaste de su predecesora en el cargo, Marisa Bustinduy.

Dejando al margen las presuntas intromisiones del secretario general en la política de nombramientos, que en definitiva dependen de conceptos como la confianza y la arbitrariedad, la reciente disolución de la agrupación local de Puerto de la Torre; la extensión al denominado personal de confianza, sin militancia en el PSOE, del pago de aportaciones económicas a la organización para su sostenimiento; el imparable crecimiento de éstos en las instituciones gobernadas por los socialistas; y la presunta existencia de contratos de cargos públicos que rayan el escándalo, van a provocar a Heredia más de un quebradero de cabeza y ya han motivado que buena parte de la militancia vuelva a mostrar su malestar y descontento con la actuación de la nueva dirección, que en estos días, además, debe pasar la reválida de las asambleas locales.

Cuando se sepa toda la verdad sobre la aniquilación de la agrupación de Puerto de la Torre, podría dar la impresión de que la medida tenía como principal objetivo que la actual mayoría ganara ventaja de cara al proceso electoral interno de la capital. La denuncia del PP sobre la multiplicación de cargos de confianza en la Diputación, coincidiendo con la salida de Francisco Conejo, que pasa a ser retribuido de forma generosa por el propio partido, también ha logrado caldear los ánimos de la militancia y de los que podríamos llamar impositores del 6%. Por último, pero no menos importante, la posibilidad de que estalle el escándalo porque un ex responsable del organismo provincial haya cobrado en concepto de comisiones y sueldo variable, al margen de su ya de por sí alto salario fijo, más de 140.000 euros en el último ejercicio, ha terminado por tocar las narices a los sufridos militantes que, como todos, también sufren la crisis inexistente.