POR razón del día que tengo asignado para que se publique mi colaboración en este periódico, todos los años escribo, con gusto y sentimiento, del Jueves Santo, uno de los tres jueves del año que según el dicho "relumbran más que el sol". En este año no voy a referirme a las procesiones de Semana Santa que en la tarde-noche de hoy discurrirán por las calles de todos nuestros pueblos y capitales de Andalucía, dando un inmenso testimonio de fe, sino a la "contraprocesión" que asociaciones ateístas querían celebrar en Madrid, en el barrio de Lavapiés. El cartel de la convocatoria demuestra a las claras que no se trataba de reivindicar el derecho que se puede tener en no creer que exista un Dios, sino que se trataba de una parodia, cruel, de las procesiones que en ese día se celebran en toda España, porque anunciaba como participantes a la "cofradía de la Virgen del mismísimo coño", la "congregación de la Cruel Inquisición", " La Hermandad de la Santa Pedofilia" o " el Papa del santo Latrocinio", habiendo elegido como itinerario calles de Madrid, del barrio de Lavapiés, muy próximas al que recorrerán las procesiones religiosas que el mismo día tendrán lugar.

La Delegación de Gobierno de Madrid, visto el informe desfavorable del Ayuntamiento, ha denegado la autorización para esta manifestación, con fundamento en once motivos y muy especialmente para evitar la confrontación, que sin duda, se estaba buscando entre participantes y público de la procesión y los manifestantes ateos.

La Constitución reconoce el derecho a la manifestación de todos los españoles. Basta con que se envíe una comunicación a la autoridad y ésta solo puede prohibirla cuando -como aquí ha ocurrido- se tema racionalmente que se alterará el orden público, con peligro para personas o bienes. Y en este caso, a la vista del cartel de la convocatoria, podía entenderse, legítimamente, que se incurría en uno de los delitos que tipifica el Código Penal, como es el escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa o vejación de los que la profesen o practiquen. Tanto es así que un Juzgado de Madrid ha abierto diligencias penales contra los convocantes de la manifestación. No se trata, por tanto, de una marcha atrás en nuestro Estado de Derecho, impidiendo el ejercicio de uno, como es el de manifestación, para proteger la religión. El Estado de Derecho exige, precisamente, que se cumpla con las leyes y esto es lo que ha hecho la Delegación del Gobierno (socialista) en Madrid. Los organizadores han anunciado que se mofarán también del Islam, pero, hasta el momento, lo dejan para mejor ocasión.