GUARDO la foto de un cartel del Centro Asturiano en Puerto Rico. Tiene más de un siglo y dice Prohibido hablar de política. Al público en general no hace falta anunciárselo en los tiempos modernos. Hay un cierto desdén por la política y un claro desapego de los políticos. La gente habla de fútbol y de sus cosas, sus males, sus ilusiones. Pero el Gobierno con el retraso de la edad para cobrar la pensión ha conseguido que todo el mundo hable de política. Y de camino también ha logrado bajar al PSOE algunos puntos en el aprecio ciudadano, por lo que uno detecta en su entorno.

La vicepresidenta Salgado y su secretario de Estado de Economía van dosificando las malas noticias, pero otras instituciones sacan sus datos. La foto es muy fea. España no crecerá bastante como para crear empleo neto de manera sostenida hasta 2013. Santiago Herrero tenía razón cuando en el Foro Joly de octubre apuntó que la recuperación de la crisis podía durar diez años. El índice general de paro superará este año el 20% y el andaluz se acercará al 30. El producto nacional bruto bajará en 2010 un 1%; estuvo hace tres años en 1,4 billones de euros y ya ha bajado a 1,1 billones.

Salgado y su equipo andan haciendo cuentas y más cuentas para reducir en 2013 el déficit público al 3% que exigen las normas de convergencia de la unión monetaria europea. El año pasado, el déficit se ha disparado hasta el 11,4% del PIB. Las cuentas son sencillas, las administraciones públicas han gastado más de 400.000 millones de euros en 2009 y sus ingresos no han llegado a los 300.000 millones, generando un déficit de 125.000 millones. ¿Cómo se arregla esto? Mediante una ducha fría de austeridad a los gastos públicos. Operación que no podrá hacer el Gobierno en solitario.

La reforma del mercado de trabajo y el retraso de la edad de jubilación son las primeras medidas realistas del Gobierno desde que empezó la crisis. La devolución a los contribuyentes de 400 euros en 2008, vista dos años después parece una broma. El Plan E ha sido una inyección de dinero para mantener la actividad en la construcción, pero en cuanto se acabó el dinero se ha vuelto a desbocar el paro. Las ayudas a la compra de automóviles tampoco han estado mal. Pero el margen para estrategias de parcheo se ha terminado.

¿Se atreverá la clase política a plantear una reducción drástica del aparato burocrático de la Administración? Seguro que no. Un ejemplo, las diputaciones españolas han costado el año pasado 12.000 millones de euros, con un papel institucional claramente solapado por las autonomías. Eso sí, sirven para sindicar intereses en torno al partido que las controla o simplemente en favor de su presidente, como ha demostrado Baltar en Orense este fin de semana. Pero ahí seguirán, mientras los españoles hablan de política y maldicen al Gobierno.