NO es que andemos faltos de leyes que velen por la transparencia de las Administraciones públicas o por la igualdad de oportunidades. De lo que estamos escasos es de hábitos democráticos. Hay normas de sobra, lo que falla es el factor humano: los políticos que no terminan de acostumbrarse a respetar las reglas del juego.

Y las políticas. Cualquiera que se dedique a la cosa pública o trabaje en sus alrededores (funcionarios, periodistas, agentes sociales, etc) sabe que la ley electoral prohíbe toda clase de propaganda política a cargo de las administraciones públicas desde el día en que se convocan unas elecciones y hasta que se celebran. Entonces, ¿por qué se conculca tantas veces esa prohibición? Es lo que acaban de hacer la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

Son dos políticas de raza que viven dedicadas a satisfacer una enorme, y legítima, ambición que les viene de muy atrás. Pero, oigan, no terminan de acostumbrarse a no jugar con ventaja, a pelear en condiciones de igualdad con los candidatos rivales, a no aprovechar pícaramente su condición de cargos públicos para hacerse propaganda con el dinero de todos. La Junta Electoral Central ha obligado a Fomento a retirar el vídeo que estaba emitiendo en los trenes del AVE Málaga-Madrid glosando los logros del ministerio en materia de infraestructuras. La candidata Álvarez usaba un medio de transporte público y una cinta pagada con fondos públicos para hacerse propaganda en su circunscripción malagueña. En Cádiz la Junta Electoral de Zona ha ordenado retirar las vallas publicitarias del Ayuntamiento loando las gestiones de Teófila Martínez -también candidata al Congreso- en pro de una brillante celebración del bicentenario de La Pepa, que digo yo que siendo la cosa en 1812 bien podrían haber esperado las vallas unas cuantas semanas y cumplir así con la ley. Pero se trata de lo contrario, de sortearla en beneficio partidista.

Como digo, la contumacia de ministros y alcaldes españoles -no sólo mujeres, por supuesto- en estas prácticas hace pensar en que intentan deliberadamente darse una publicidad gratuita y espuria

y si cuela, cuela. Si no cuela, como es el caso comentado y esperemos que todos los que se produzcan, tampoco es que la sanción sea muy fuerte. Habitualmente el asunto se salda con una multa al organismo infractor... que naturalmente no abona el político que lo ha manejado en su beneficio, sino el presupuesto. Lo dicho, con esto no hay forma de acabar más que un gran cambio en la mentalidad y en los hábitos que se requieren para que la nuestra sea una democracia sólida, equilibrada y con valores incuestionados.