LA difusión de un vídeo grabado con cámara oculta por la cadena de televisión Intereconomía, y el subsiguiente reportaje publicado por la revista Época, nos ha revelado un nuevo escándalo -el enésimo- relacionado con el entramado de intereses que encuentran cobijo en las diputaciones provinciales, convertidas en verdaderos puertos de abrigo para políticos rechazados en las urnas y en oficinas de colocación que financian, con nuestro dinero, a cuantos prestan servicios partidistas bajo el cálido disfraz de un oficio público. Avergüenza el pasmoso descaro con el que cinco asesores de la Diputación de Almería -de los 42 contratados por el PSOE y por el Partido de Almería (PAL), que la gobiernan- reconocen irregularidades en su contratación y se ufanan del auténtico propósito de su trabajo diario, por supuesto muy distinto de aquél, sorprendentemente teórico, por el que reciben sueldo y amparo.

Desde luego comparto el criterio de quienes, más allá de dimisiones aceptadas y revuelos pasajeros, solicitan, en este caso concreto, la intervención de instancias judiciales. Pero no participaré en un linchamiento que me parece tan oportunista como hipócrita. Eso que acaba de reventar en Almería está ocurriendo -la desfachatez, claro, admite grados- en todas partes. En Gerona, en Palencia, en Málaga, en Pontevedra, en Castellón (recuerden el inacabable asunto Fabra), en Vizcaya, en Cádiz (con nombres que aconsejarían mayor pudor y prudencia), en Toledo… El espectáculo de las retribuciones que se disparan y de los cargos de confianza que milagrosamente se multiplican según soplen los vientos electorales prácticamente no conoce excepciones en el conjunto de las diputaciones españolas (tampoco, no me engaño, en la inmensa mayoría de los ayuntamientos), dejándonos, al menos respecto de las primeras, una duda algo más que razonable sobre su misma necesidad. Porque, al cabo, ¿de qué se trata? ¿De mantener estructuras supramunicipales que coordinen, equilibren y vertebren un determinado territorio? ¿O, más bien, de garantizar la existencia de instituciones salvas donde se dulcifique la amargura de la cesantía y se perpetúe la liberación de los hombres de partido?

Me temo -a sus edificantes realidades me remito- que de esto último y, por ello, no puedo sino suscribir la reciente opinión del Observatorio Económico de Andalucía: sus funciones no tienen hoy sentido, "son entes caros, incompetentes y prescindibles". Un lujo, añadiría yo, que hace soportar sobre las espaldas de los ciudadanos cargas que sólo benefician a grupos muy específicos, a esa clase profesional de la política que moriría en el páramo de una vida laboral ordinaria. Un despilfarro inexplicable, también, que, en época de crisis, no deberíamos seguir consintiendo.