CRITICABA Ortega que los españoles siempre echásemos la culpa de la situación de España a los políticos, cuando éstos no eran sino el reflejo fatal de los españoles. Ahora son precisamente los políticos los que, culpándose mutuamente de todos los males del país, perecen reivindicar las palabras del preclaro filósofo. El debate sobre la situación de la economía, que promete ser uno de los platos fuertes del menú electoral, es un buen ejemplo de ello. Mientras que el gobierno mantiene que los malos datos son coyunturales y consecuencia de las turbulencias de la economía internacional. La oposición, por su parte, se frota las manos mientras acusan a los socialistas de sumirnos en el caos y en la ruina económica. La virtud del punto medio la han puesto algunos expertos, como el profesor Ferraro que afirma: "no se puede hablar de crisis de una economía que crece como la nuestra, es más correcto hablar de desaceleración; si esta desaceleración es muy profunda, sí podría llegar a ser una crisis".

En realidad lo único que parece claro es que el beneficioso modelo de desarrollo, iniciado en los últimos años del gobierno González y continuado por los siguientes ejecutivos del PP y del PSOE, empieza a manifestar síntomas de agotamiento. Sobre todo por el freno de la construcción residencial, que ha sido el principal nutriente de las altas tasas de crecimiento económico y de empleo que han caracterizado este periodo. Estamos pues bajo los efectos de la resaca tras la borrachera inmobiliaria de estos últimos años. El resultado es una situación en la que conviven dos fenómenos opuestos: un exceso de oferta residencial -hemos construido más que en la suma de los países más desarrollados de la UE- y una fuerte demanda no satisfecha: según el último barómetro del CIS, la vivienda sigue siendo, tras el empleo, la mayor preocupación de los españoles. ¿Qué ha ocurrido? Los gobiernos del PP disfrutaron de un ciclo de bajos tipos de interés en la economía mundial que en nuestro país disparó la demanda inmobiliaria. Pero la irracionalidad del mercado impuso pronto su ley trasladando rápidamente al vendedor, mediante una desmesurada elevación de los precios, los benéficos efectos del abaratamiento de las hipotecas. Este contexto de euforia se caracterizó por una irresponsable ausencia de políticas públicas de suelo (el intento de abaratarlo mediante medidas liberalizadoras se saldó con un rotundo fracaso) y de vivienda. Además, ante la pasividad de las distintas administraciones, el mercado desplegó sus efectos más perversos y permitió que los especuladores fuesen los grandes beneficiarios de la exuberancia inmobiliaria. Ahora, llegados los malos tiempos, las políticas públicas de vivienda, despreciadas en los momentos de efervescencia constructora, son las que pueden rescatar de la crisis al sector. Aunque, en nuestro caso, deberá disiparse la espesa niebla burocrática en la que actualmente está atrapado el urbanismo en nuestra comunidad.