EN la primera vuelta de las cantonales francesas la extrema derecha se ha beneficiado del desgaste de Sarkozy. También en otros paraísos democráticos el populismo xenófobo ha consolidado una generosa cuota electoral. En España la ultraderecha, a pesar de haber monopolizado el poder durante tantos años, carece de representación política. Esta circunstancia, ahora una excepción europea, se debe en buena medida a la inteligencia de Fraga, que supo integrar a toda la derecha en un solo partido. Pero que no tenga siglas propias no quiere decir que no exista. De hecho, aunque no sea visible electoralmente, su presencia es demasiado evidente. Se les detecta por el ruido, como al fuego por el humo. Con su estilo gritón marcan el tono del debate y le dan una inconfundible tonalidad a camisa azul y correajes. Bueno, en realidad el ruido procede de un animoso coro en el que mezclan sus voces la extrema derecha y la extrema desvergüenza. Actúan de compañeros de viaje de la derecha oficial, de intelectuales orgánicos (un obstáculo en el largo camino de los populares hacia el centro). Algo que explica su abundante presencia en los medios de comunicación. De ahí el grado de crispación que caracteriza nuestra vida pública y que recurrentemente asuntos, que quedarían fuera de la confrontación política en cualquier democracia madura, dominen el debate público.

Es lo que ocurre estos días con el llamado caso Faisán. Resulta verdaderamente impúdico que a pesar de que los éxitos en política antiterrorista del actual gobierno estén fuera de toda duda, pretendan ahora convertir el proceso de negociación con ETA en un asunto de colaboración con banda armada. No sabemos qué ocurrió alrededor de los anteriores procesos de negociación. Algo de esa naturaleza exige pasos previos, no ocurre, como en la guerra de Gila, que un buen día alguien del gobierno descuelga el teléfono: ¿oiga, es el enemigo? Antes tuvo que haber intermediarios que dieran pasos para crear las condiciones necesarias. Pero no lo sabemos porque a nadie se le ocurrió preguntarlo. Utilizar las llamadas actas -que no son más que notas tomadas por un miembro de ETA para crear un relato de consumo interno de la organización- y presentarlas como prueba irrefutable de la existencia de un pacto entre el gobierno y la banda es una vileza impensable en alguien con un mínimo de sentido democrático. Cuando los distintos gobiernos se sentaron con ETA eran perfectamente conscientes de que inevitablemente tendrían que atravesar algunas líneas rojas. Pero nunca nadie puso en duda que asumieran tal riesgo con el único fin de acabar con el terrorismo. El PP tenía todo el derecho a considerar el proceso negociador como una deslealtad de Zapatero con el Pacto Antiterrorista. Pero la obscena utilización partidista que, una vez más, están haciendo los populares de la lucha contra ETA es una deslealtad con la propia democracia.