Uno de los efectos colaterales que el conflicto catalán ha suscitado es el posicionamiento político del resto de autonomías. Bien podía haber ocurrido que algunos gobiernos autonómicos hubieran intentado ser elementos de equilibrio y contrapeso con llamamientos al entendimiento y a la solidaridad interregional. Que se sepa, salvo la función intermediadora del lehendakari vasco, nadie ha intentado ejercer ese papel. Por el contrario, ha sido más la suspicacia y el recelo lo que en el resto de los ejecutivos ha generado el conflicto. En Andalucía cualquier atisbo de admitir elementos diferenciadores de Cataluña han sido recibidos con desconfianza, cuando no con verdadera animadversión. Ha dado la impresión de que la política autonómica se ha convertido en una continua batalla de agravios comparativos, planteados como si fuera una competición deportiva en la que ser el primero en todo y no ceder ante nadie es la cuestión central. Con este criterio se ha llegado al absurdo de ver como personas que recelan del reconocimiento del carácter plurinacional de España están dispuestas a reclamar para Andalucía el carácter de nación si a Cataluña y al País Vasco se le reconoce esa posición.

No parece que en estos momentos Andalucía deba obstaculizar la búsqueda de una fórmula constitucional que pueda resolver el problema. Reconocerse como nación además de ser un complejo debate sobre historia, cultura, lengua e identidad, contiene un elemento subjetivo de difícil valoración: el deseo de ser reconocidos como tales. Y en este punto no debe entrarse en un ridículo seguidismo. Andalucía no es una nación, ni falta que le hace; es una comunidad autónoma con la suficiente personalidad, identidad e importancia como para poder mantener su posición actual sin tener que rebuscar en su historia elementos diferenciadores y sentimientos que mayoritariamente no tiene ni ha tenido.

Entre las reivindicaciones de la ciudadanía andaluza no parecen encontrarse ese reconocimiento ni tampoco aumentar competencias como prisiones o la policía autonómica o cualquier otra que la Generalitat pueda ambicionar. La cuestión esencial a la que sí hay que prestarle la mayor atención es a la búsqueda de una financiación equilibrada y justa, sin privilegios, en la que el fondo de garantía de los servicios esenciales sea el eje de la política de solidaridad que en ningún caso puede verse menoscabada. Es ahí donde debe estar la posición central de Andalucía y no en la intransigencia política ni en el seguidismo competencial.