Editorial

Tapaderas de Batasuna

UN Juzgado de Bilbao suspendió ayer el acuerdo del Ayuntamiento de Elorrio, gobernado por ANV, de crear una comisión con el fin de otorgar subvenciones municipales a familiares de presos de ETA e impulsar campañas de sensibilización sobre la situación de los reclusos de la banda. Es otra de las evidencias de las conexiones entre ANV y PCTV y los etarras, que han llevado al juez Garzón a suspender durante tres años (prorrogables a cinco) las actividades de estas dos formaciones políticas y, por lo tanto, a impedir su participación en las próximas elecciones, y al Tribunal Supremo a ratificar esta decisión y bloquearles la percepción de subvenciones mientras se tramita el procedimiento de ilegalización solicitado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Garzón revela en su auto que uno de los etarras que asesinaron el 1 de diciembre a dos guardias civiles en Francia ejerció como apoderado de ANV en las últimas elecciones municipales. El hecho de que ese dato no trascendiera en su momento y de que el Gobierno tardara en abrir el proceso de ilegalización de ANV han propiciado las acusaciones que el PP ha vertido contra el Ejecutivo por doble juego (adoptar una postura intransigente sólo por motivos electoralistas y tras flirtear con el entorno etarra) y oportunismo. Sea como fuere, ANV y PCTV, para los que Batasuna pidió el voto en la última cita con las urnas, se quedarán fuera del Parlamento. El juez Garzón estima que ambas formaciones compartían una caja única con Batasuna; que en el último trienio habían derivado en un medio económico para nutrir a los dirigentes de la coalición y que estaban ya en el umbral de convertirse en organizaciones terroristas. La ilegalizada Batasuna, que lleva 12 años recurriendo a partidos vicarios (EH, AuB, HZ, ASB, ANV, PCTV), tratará probablemente de capitalizar el 9-M el voto nulo o en blanco para demostrar su fortaleza, pero los autos de Garzón y del Supremo tienen la virtud de que dejan a ETA sin voz en las instituciones y le cierran el grifo del dinero público.

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