HAY un intenso debate en el seno de Izquierda Unida. Se discute si el código ético recién firmado por la coalición que obliga a no presentar como candidatos a alcaldes a militantes que hayan sido imputados en delitos de corrupción política rige a todos los efectos y para todos o se pueden hacer excepciones, como hace el resto de los partidos.

Los partidarios de la coherencia centran sus esfuerzos en lograr que el alcaldable de Sevilla, el ex sindicalista Antonio Rodrigo Torrijos, no sea confirmado como candidato, ya que acaba de ser imputado por la venta presuntamente irregular y fraudulenta de unos terrenos municipales (también le imputaron un supuesto delito de coacciones y contra la integridad moral de un trabajador despedido en una empresa pública, aunque esto no entra en el código que debe aplicarse en la elaboración de las listas electorales de IU).

Los partidarios de la excepción son, sin embargo, poderosos. Entre ellos se incluyen el coordinador regional, Diego Valderas -el único que no se quiere enterar de que hay malestar en la coalición, e incluso amenazas de dimisión-, y el propio Rodrigo Torrijos, que naturalmente le ha cogido cariño a su actual cargo de primer teniente de alcalde de la corporación sevillana y pretende repetir. Ha dado un argumento singular: "Me declaro honesto, no soy un corrupto". Podrían usarlo todos los implicados en corrupción para eludir las responsabilidades políticas de sus líos con la Justicia. Si cada uno se declara honesto, ¿a santo de qué empurarlo o quitarlo de candidato? Recuerda el discurso de Antonio en la impresionante Julio César de Shakespeare: Bruto y los demás acribillaron a César, pero no eran traidores, sino hombres honorables. ¿Por qué se levantó contra él? "No porque amara menos a César, sino porque amaba más a Roma".

Creamos, pues, a Torrijos, y no a la juez que tras dos años de diligencias lo imputa en vísperas de unas elecciones. Si hizo que los suelos públicos fuesen vendidos a una empresa que ofrecía menos dinero que otra fue para que se construyeran en ellos viviendas más asequibles para el pueblo. Es decir, por amor a Roma, a Sevilla, a las clases populares. Y aquí entra la segunda derivada de esta línea argumental, a saber, la superioridad moral que la izquierda se autoatribuye. Eso es lo que difumina la controversia entre la bondad de los fines perseguidos y la ilicitud de los medios utilizados para conseguirlos. Lo que sería un fraude en los bienes públicos si lo cometiera la derecha antisocial se convierte en una medida de avance cuando la impulsa y ejecuta la izquierda progresista.

La vanguardia del proletariado no puede ser corrupta. Es honesta y honorable. Ya lo dijo Antonio en la oración fúnebre de César.