Avueltas con los magníficos datos de visado que nos ha deparado el 2017, se hace necesaria una reflexión sobre la desaparición de las Viviendas de Protección Oficial, que vaya más allá de la mera manifestación de la falta de interés que suscitan. El acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables tiene sus cimientos en la promoción de VPO y los Planes de Vivienda. Paralelamente, la constatación en pleno boom de la dificultad de encontrar suelos con costes asumible propició que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía estableciera la obligación de reservar el 30% del aprovechamiento de los nuevos sectores residenciales para este fin. Municipalmente, estas políticas se complementan con la cesión al patrimonio municipal de suelo del 10% del aprovechamiento urbanístico de estos sectores, conforme a la legislación estatal. De la viabilidad de estas políticas y la coherencia del conjunto depende el resultado. La entrada en vigor del Plan Estatal 2013-16 rompió con la doble apuesta por la promoción en compra y en alquiler, para limitarse a ésta última. Cuyos periodos de amortización oscilan entre los 15 y 30 años, dependiendo de las posibles ayudas y el control de los gastos de mantenimiento y gestión. Al mismo tiempo que centró las ayudas en los promotores, públicos o privados, sin ánimo de lucro. Posiblemente, los que tienen la menor capacidad de inversión. Después de eliminar las ayudas a la promoción de VPO en venta y mantener el mismo conjunto de obligaciones de antaño para el promotor y el comprador, no parece descabellado que estás operaciones inmobiliarias no levanten pasiones.

En este contexto, la renuncia del inversor privado no responde a que la política se haya enfocado a unas viviendas en alquiler poco atractivas. Si para el promotor público suponen un elevado nivel de endeudamiento, para el privado, las nuevas Viviendas de desProtección Oficial simplemente no tienen interés alguno. Cuando los próximos planes amplíen las ayudas a la promoción de viviendas para alquiler a las entidades mixtas, con una demanda en Málaga 62 veces superior que la oferta, los bancos y fondos de inversión serán los primeros interesados en participar en empresas públicas que aseguren su beneficio. Así sale rentable financiar inversiones inmobiliarias a 20 años vista y el alquiler de vivienda social se convierte en un buen negocio a largo plazo para los grandes fondos de inversión.