EL caso de los ERE está teniendo todo tipo de consecuencias indeseables para el Gobierno andaluz. Tanto en el ámbito judicial como en el político, se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para la Administración que preside José Antonio Griñán y en un importante argumento en manos del PP en su virulenta campaña que busca desalojar a los socialistas del poder en Andalucía. Pero el escándalo tiene también otras víctimas colaterales que se ven afectadas en el cobro de las percepciones a las que legalmente tienen derecho. Son los aproximadamente 2.000 prejubilados que pueden no cobrar este mes si no se llega a un rápido acuerdo entre la Consejería de Empleo y las aseguradoras. Varias compañías llevan dos meses adelantando el dinero ante la falta de pago por parte de la Junta, pero se han mostrado contrarias a hacer el abono correspondiente al mes de abril si no hay un compromiso firme. El origen del problema está en la nueva orden sobre estas ayudas. En la práctica el cambio normativo supone el reconocimiento de que las cosas se estaban haciendo de forma no regular y la aceptación, aunque demasiado tarde, de algunas de las indicaciones que hizo en su día la Intervención. La nueva orden que regula las ayudas y los autos judiciales que ponen en cuestión todo el sistema es lógico que hagan que las autoridades se conduzcan con el máximo rigor para evitarse problemas en el futuro. Pero ello no debe tener como consecuencia que los trabajadores que legalmente tienen derecho a recibir las cantidades pactadas se queden sin ellas. Las ayudas de la Junta a las empresas que necesitaron un plan de prejubilaciones para adecuar sus plantillas y asegurar su supervivencia fueron muy importantes para afianzar la continuidad de una parte del tejido productivo. Y al igual que en Andalucía, se aplicó en otras comunidades. Que aquí el sistema se pervirtiese por la no aplicación de una normativa que descartara arbitrariedades y, sobre todo, por el hecho de que un grupo de presuntos delincuentes se aprovechara de esa situación, no pone en cuestión la efectividad del mismo.