Visados

En el año 2017 sólo se visaron 125 viviendas de protección oficial en la provincia de Málaga

Conocidos los datos de viviendas visadas durante 2017, todo han sido palmas y aplausos. Un 61% más que el año pasado hace pensar que hoy es más que ayer pero menos que mañana. Cierto es que partíamos de la nada, pero aun estando a nivel de 2009, dos año después de que declaramos oficialmente la crisis y cayéramos en picado desde las 43.865 de 2006 hasta las 3.370, es innegable la tendencia al alza. Toda una alegría que oculta un dato preocupante: en 2017 sólo se visaron 125 VPO en la provincia.

En ausencia del nuevo Plan de Vivienda Estatal 2018-21, aplazado una vez más, el Plan Andaluz 2016-20 -que como el de todas las comunidades no es más que un complemento de la política económica del primero- se limita a mantener las ayudas concedidas al amparo de los anteriores. Lo que deja la promoción de estas viviendas supeditada al agotamiento de las iniciativas ya iniciadas. En la práctica, la desaparición progresiva de la política de promoción de vivienda protegida que reflejan las estadísticas. Mucho más que una falta de atractivo hacia este tipo de promoción. Aunque también exista. En este marco, la obligación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de que los ayuntamientos desarrollen sus Planes Municipales de Vivienda debería comenzar por analizar la viabilidad de estas promociones en un contexto en el que el mercado demuestra sus nulas intenciones de resolver una demanda social cada vez menos atendida. Con independencia de que las previsiones de inversión declaradas por el Colegio de Arquitectos debería revisarse -850 millones de euros entre 4.895 viviendas da un coste de ejecución material irreal de 173.646 euros/ vivienda-, lo cierto es que la oferta privada que se construye en la capital ya cuesta un 30% más que la VPO más cara. En la costa, que una de cada tres viviendas visadas sea unifamiliar y las promociones iniciadas se destinen a un nivel adquisitivo alto no indica una situación mejor. Lo que desautoriza la coartada de la innecesaridad de VPO porque la vivienda de renta libre se encuentra al mismo precio.

La realidad es que a la disminución de ingresos y la precariedad laboral que ha dejado esta crisis de la que se culpa al ladrillo la ha acompañado el abandono de las políticas sociales. También las de acceso a la vivienda. En este caso, se argumentó que no teníamos porqué acceder en propiedad. En la práctica, tampoco hay política para acceder en alquiler.

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