editorial

Vuelven los trasvases

LA primera comparecencia en comisión parlamentaria del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha puesto de relieve el sentido de la política que piensa llevar a cabo: una enmienda a la totalidad de la practicada por los últimos gobiernos socialistas. Su voluntad expresada ha sido, bajo el prisma del realismo, cambiar la legislación referida a la ley de costas, la de calidad del aire, la de residuos, la de responsabilidad ambiental y la de biodiversidad. Una reforma completa que desde posiciones ecologistas ha empezado a tildarse ya de contrarreforma. Aunque falta concreción sobre el alcance de los cambios anunciados, ya hay un aspecto sobre el que las ideas de Arias Cañete están muy definidas. Se trata de la resurrección del Plan Hidrológico Nacional, el frenazo a la construcción de desaladoras y la vuelta a los trasvases de agua. La argumentación del ministro al respecto es clara. Hay 17 desaladoras en explotación y otras 15 en construcción, pero el alto precio que han de pagar los agricultores por el producto y las lluvias de los últimos años han convertido estas instalaciones en una especie de red de seguridad en casos de grave sequía, pero insuficiente para garantizar el abastecimiento a los niveles alcanzados por la demanda. Por otra parte, se retoma el principio de solidaridad que permitiría el aprovechamiento de las aguas excedentarias de algunas cuencas a través de las infraestructuras de trasvase que llevarían el agua a las comunidades deficitarias de la España seca. Se trata de una propuesta polémica, que sólo sería viable en función de un gran pacto nacional por el agua en el que las comunidades habrán de participar. La iniciativa de Arias Cañete se beneficiará, sin duda, del nuevo panorama político surgido tras las elecciones autonómicas y generales del año pasado, pero aun así no será fácil superar las contradicciones intercomunitarias. Es un problema secular que necesita mucha mano izquierda, generosidad y altura de miras para acometer un conflicto cruzado de intereses vitales.

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