LA reformita que ha impulsado Mariano Rajoy de la ley del aborto obedece a un cálculo estrictamente electoral. Ha hecho las cuentas partiendo de la base cierta de que su electorado centrista es más numeroso que su electorado derechista. Sabe que va a cabrear al primero y contentar al segundo si asume la continuidad de la ley vigente con un único retoque, y la ha asumido. Cree que así gana más de lo que pierde.

Sabe también que incumple su programa electoral, en cuyo espíritu estaba la revisión total de la ley de Bibiana Aído, aquélla que concibe el aborto como un derecho de la mujer, únicamente sometido a plazos en su ejercicio, para sustituirla por otra que autoriza a abortar en determinados supuestos (violación, riesgo grave para la salud y malformación). Sí, la que estaba en vigor desde la etapa de Felipe González, antes del brote zapaterista.

Rajoy debe haber pensado que si no cumplió la parte de su programa que prometía bajar los impuestos -tan sustancial-, tampoco iba a ponerse tiquismiquis con este giro sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y menos sin que el Tribunal Constitucional haya encontrado tiempo suficiente para fallar el recurso que presentó el propio PP contra la ley Aído y orientarse así sobre qué hacer.

Por lo demás, el retoque está bien elegido porque la regulación que deja en manos de las chicas de 16 y 17 años la decisión de abortar sin necesidad de obtener el consentimiento de sus padres o tutores -y ni siquiera de informarles en algunos casos- es probablemente la parte más discutible de la legislación vigente. Quienes la defienden como una extensión normal del derecho al aborto quizás no sean conscientes de hasta qué punto están fomentando la irresponsabilidad juvenil y, en el fondo, esa idea perversa de que los muchachos y las muchachas no tienen por qué afrontar las consecuencias de sus actos (ni en forma de bronca familiar). Si son menores de edad, lo son a todos los efectos. Puestos en lo peor, siempre les queda a las embarazadas prematuras el recurso a la tutela fiscal y judicial en los casos de violencia o maltrato de los padres.

¿Que con esta prohibición se permite a los padres imponer a sus hijas su ideología, sus convicciones religiosas o su ética antiabortista? Hombre, claro. Todos los padres inculcan sus ideas a los hijos mientras son menores. No se me ocurre cómo podría ser de otro modo.