EL Partido Popular ha presentado al fin en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que impedirá que las menores de edad puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin permiso de sus padres o tutores legales. A partir de la entrada en vigor de esta reforma -poco más que un trámite, ya que los populares disponen de mayoría absoluta en Congreso y Senado-, las chicas de 16 y 17 años no podrán abortar sin informar previamente a sus representantes legales y sin lograr su consentimiento expreso (los posibles conflictos entre ambas partes habrán de resolverse por vía judicial, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil). Se consagra así el cambio en la posición del Gobierno y el PP, que llevaban en su programa electoral la revisión de la ley de plazos vigente -la llamada ley Aído, por la ministra que la promovió- y su sustitución por una ley de supuestos, que regula taxativamente los motivos por los que las embarazadas pueden abortar en vez de depositar la decisión en la voluntad de las mujeres dentro de unos plazos determinados. De hecho, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley actual, aunque el recurso no ha sido aún fallado. El giro del Gobierno Rajoy, que acabó con el relevo del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado a mantener la ley de plazos, modificando sólo el aborto de las menores, que es su aspecto más discutible. No obstante, no se cuestiona la legislación de plazos, lo que coincide con la opinión social mayoritaria, pero ha causado serio malestar en los sectores más conservadores del electorado popular y en la jerarquía de la Iglesia católica. Al propio tiempo, el cambio legislativo tampoco contenta a la oposición de izquierdas ni a los colectivos abortistas y feministas, identificados con la ley Aído y contrarios a privar a las menores de edad de su derecho a decidir, cuya prohibición, alegan, va a provocar graves conflictos de algunas mujeres con sus padres en los casos de familias desestructuradas o instaladas en la violencia o el maltrato. Muy influido por las encuestas y los consejos de sus asesores, Mariano Rajoy ha optado, como en otras cuestiones, por la vía de una reforma moderada y prudente que no dejará de causarle problemas en la franja ideológica de la derecha. El PP ha hecho cálculos y ha pensado que los electores que puede perder por esta reforma menor de la ley del aborto serán muchos menos que los que perdería si acometiese la revisión radical de la ley que prometió en la campaña anterior. Porque radical habría sido, desde luego, dejar de concebir el aborto como un derecho sólo sometido a plazos y concebirlo como una acción rechazable que sólo puede admitirse si se dan supuestos determinados y bien definidos.