LAS organizaciones empresariales y sindicales más representativas han alcanzado finalmente un acuerdo en materia salarial presidido por la prudencia y el afán de contribuir a la salida de la crisis y la reactivación de la economía. Los sindicatos han aceptado que los salarios en los convenios colectivos que se negocien en el futuro inmediato no se revisen en función del coste de la vida, sino que se moderen en base a la productividad real de la economía española: una subida del 1% como máximo en este año, entre el 1,5% y el 2% durante 2011 y de 1,5% al 2,5% en 2012, cuando definitivamente hayamos dejado atrás la recesión. El pacto incluye una cláusula de descuelgue a la que podrán acogerse las empresas en dificultades. Ni que decir tiene que este acuerdo nacional ayuda a preservar la paz social y, en esa medida, a configurar un marco de estabilidad y sosiego en la vida económica. Los agentes sociales implicados merecen el reconocimiento de todos, aunque la cuestión salarial, a pesar de su importancia, es sólo uno de los aspectos del proceso de negociación colectiva, que se alarga ya desde hace dos años sin que haya podido llegarse a consensos en otras materias igual de importantes, o más, a los efectos de la reactivación económica. Junto a los parámetros sobre los que ha de asentarse la negociación colectiva, que siguen aún pendientes, queda por resolver la reforma del mercado de trabajo, marcado por la falta de flexibilidad, perjudicial para la creación de empleo en estos tiempos en los que el problema número uno de la sociedad española es el elevado índice de paro. Ciertamente, en la consecución de un pacto de este tipo tiene enorme responsabilidad el Gobierno de la nación, que ha venido invocando la conveniencia de que el acuerdo lo hagan sindicatos y patronal y, al final, les ha presentado a ambos interlocutores un documento de calculada ambigüedad. Urge que empresarios y sindicatos retomen las negociaciones sobre este punto con mayor intensidad y vocación de consenso y que, en todo caso, el Gobierno no deje pasar el tiempo y, si es necesario, decida por sí mismo medidas perentorias para la reforma laboral.