PELIAGUDO el asunto del médico de familia en Antequera que alegó objeción de conciencia para no informar ni derivar a pacientes que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo. El juez negó la potestad de tal objeción al alegar que el médico en cuestión no practica el aborto, sino que su responsabilidad se limita a informar a quien lo requiera al respecto y a derivar al especialista, que tiene la última palabra. Incluso definió el magistrado la objeción del facultativo como una "afectación periférica" (al final, ciertamente, todo es una cuestión de lenguaje; Borges no lo habría dicho mejor) que en ningún modo puede imponerse al derecho de la paciente a ser atendida, tal y como contempla la ley. Es peliagudo, insisto, porque la ley está para cumplirla, lo que no quiere decir que sea justa, pero sí que se establece en un marco de convivencia cuya vulneración podría interpretarse fácilmente como un abuso de autoridad. Esto es, el derecho de la paciente (en el caso de que tal término esté aquí correctamente aplicado; una mujer embarazada no es una mujer enferma) a recibir información y a interrumpir su embarazo dentro de los presupuestos legales debe ser siempre respetado. Pero el que respeta y garantiza el cumplimiento de la ley no es el individuo, sino un sistema democrático. Por el contrario, la objeción de conciencia sí corresponde a un individuo. Pero creo que el derecho a la misma también existe, de la misma manera en que quien decide abortar no es un sistema democrático, sino una mujer con nombre y apellidos. A menudo resulta difícil compatibilizar el Estado de derecho con las personas, pero es que el Estado está hecho de personas, no de leyes. Así que el hecho de que dos aspiraciones individuales en cuanto a derechos entren en conflicto (¿No es legítima aquí la objeción de conciencia? Un aborto, entiendo, empieza mucho antes del quirófano) no debería culminar con la desafectación de una, sino con la consideración de ambas. La conciencia, me temo, no se puede prohibir.