La asfixia de los ayuntamientos

EL presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció el sábado en Málaga, durante un acto de su partido, que el Ejecutivo autonómico en los próximos presupuestos de la Comunidad para 2011 duplicará la financiación incondicionada a los ayuntamientos en el marco de una segunda descentralización de competencias. La medida, en teoría, significará reconocer económicamente la realidad de los servicios que vienen prestando los municipios en ámbitos ajenos a su responsabilidad, desde la inmigración a otras prestaciones sociales pasando por la vivienda e incluso la lucha por preservar el medio ambiente. Gastos impropios que, según calculan los expertos, consumen entre el 30 y el 40% de los ingresos de las administraciones locales. Griñán también anunció el desarrollo de los reglamentos de las dos leyes sobre las ciudades. Mientras el Estado sigue sin resolver la financiación de una institución básica como la municipal, la crisis y sus efectos colocan a muchos ayuntamientos en una situación insostenible, que además los convierten en lastres para la recuperación económica. Las corporaciones locales, sobre todo las costeras, llevaban una década en la que su principal fuente de recursos era el urbanismo. Los ingresos por el parón de la actividad inmobiliaria se han desplomado hasta en un 80%. Además, la transitoria época de bonanza disparó las inversiones y, por tanto, las deudas bancarias, que ahora hay que saldar. Pero también incrementaron sus gastos corrientes. Sólo las 14 ciudades más importantes de la provincia tenían en nómina en 2007 a 18.000 empleados con unos salarios superiores a los 700 millones de euros al año. El panorama actual es insostenible y los perjudicados más directos son los proveedores, que tardan meses en cobrar, si es que lo hacen. Licitar nuevas obras ya no parece una solución contra el letargo de esta actividad si antes no se pagan las adjudicaciones ejecutadas. La asfixia económica municipal tiene responsables propios y ajenos, pero su problemática es de suficiente envergadura como para exigir una actuación concertada de todas las Administraciones.

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