LA retirada de un busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona, decidida unilateralmente por la alcaldesa, Ada Colau, y ejecutada con gran aparato propagandístico, no ha sido un incidente aislado. Actuaciones semejantes han sido decretadas por otros alcaldes, como los de Zaragoza, Santiago y Cádiz, elegidos en las urnas o con pactos posteriores dentro de candidaturas vinculadas a plataformas ciudadanas radicales y el partido Podemos. Lo que caracteriza estas primeras acciones de los mandatos municipales es el ansia de reflejar los posicionamientos ideológicos de los nuevos ediles y sus planteamientos rupturistas con respecto a instituciones centrales del sistema democrático vigente. Es el caso de la Monarquía parlamentaria. En cambio, poco tienen que ver las actitudes comentadas con los problemas cotidianos de los vecinos, que han de constituir la prioridad básica de cualquier ayuntamiento. Tampoco guardan relación con el interés subjetivo de los ciudadanos, ya que no existe ningún clamor entre la gente para que los símbolos monárquicos sean expulsados de los consistorios ni para que se cambien los nombre de las calles. Ese clamor sólo perdura en las cabezas de los alcaldes aludidos y en las estrategias de sus formaciones políticas. Al poner el énfasis en estas cuestiones bastante alejadas de la vida de la gente -un concepto que manejan a su antojo-, los alcaldes de Podemos y asimilados desvían el centro de atención del debate público hacia lo superficial e ideológico en vez de situar su mirada, y sus energías, en los problemas graves que han de afrontar día a día los ciudadanos a los que han de representar y defender: la falta de empleo, el empobrecimiento, las infraestructuras deficientes y los servicios sociales recortados. Les votaron para mejorar el estado de cosas en sus ciudades, barrios y pueblos. Este escapismo de la realidad tiene en sí mismo un corto recorrido y no pasará mucho tiempo antes de que los vecinos les pidan responsabilidades por su gestión. En el plano jurídico y político, conviene subrayar que esta obsesión iconoclasta de algunos ediles tiene un límite, que no es otro que la legalidad democrática. Pueden retirar bustos del rey Juan Carlos, alterar el nomenclátor callejero o rebautizar pabellones que se inauguraron bajo la advocación de Felipe VI, y celebrarlo como una conquista histórica si lo quieren, pero la ley obliga a que en el salón de plenos de cada ayuntamiento haya una efigie del Jefe del Estado en ejercicio, que actualmente es el rey Felipe de Borbón. Busto, cuadro o retrato -lo que prefiera el equipo de gobierno-, pero tiene que estar allí. Esa línea no la pueden traspasar los neoalcaldes.