HACE exactamente doce años publicaba mi primera tribuna en las páginas de Diario de Sevilla, animado por su subdirector, preocupado porque no se entendiera bien lo que estaba ocurriendo con Austria.

Decía entonces que Austria encarnaba un sistema democrático y respetuoso con los derechos humanos. Sin embargo, el propio sistema democrático permitió que un partido político, que propugnaba y defendía actitudes xenófobas y planteamientos neofascistas, pudiera llegar al poder, con lo que ello suponía para la Unión Europea.

Se encendieron todas las alarmas porque se vio que esta situación era posible y, aunque la Unión Europea era un club de estados demócratas, nada impedía que se llegara, por esta vía, a situaciones antidemocráticas.

Es verdad que teníamos la experiencia histórica de Hitler, pero no pareció que fuera necesario establecer un sistema de sanciones, más allá de las exigencias políticas, para que la democracia, el sometimiento al imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos fueran requisitos ineludibles para la pertenencia a la propia Unión Europea. Esa fue la razón por la que no se permitió a la España de Franco participar en el proyecto de construcción europea del entonces Mercado Común.

Para los temas de democracia y de respeto de los derechos humanos había otra organización internacional europea, el Consejo de Europa, que sí tenía establecido un sistema de sanciones para cualquier deriva antidemocrática. De eso supieron muy bien los gobiernos de Grecia y Turquía

Sin embargo, en el marco de la Unión Europea no había establecidos mecanismos de garantía colectiva. Por ello, en el caso de Austria, se hizo una simple Declaración conjunta de intenciones de los restantes catorce estados miembros de la Unión Europea, en el año 2000. Ahora bien, este Declaración no era más que un instrumento de presión política, muchas veces suficiente.

A partir de esta fecha comenzó un proceso de ampliación y expansión de la Unión Europea hacia los antiguos estados de la Europa oriental, ávidos de integrarse en las instituciones más prestigiosas del mundo occidental. Muchos de ellos buscaban seguridad frente a Rusia y por eso encontraron el amparo de la OTAN, sin descuidar el Consejo de Europa y otras organizaciones europeas.

El caso de Austria abrió los ojos a los políticos europeos. Después vendrían algunas dificultades con Polonia y, como ha quedado patente recientemente, estas dificultades serían puestas de manifiesto en los caso de la República Checa y también por Francia (el caso de las actuaciones xenófobas), Dinamarca y otros estados clásicos de la UE.

Obviamente era necesario establecer mecanismos para garantizar el respeto a la democracia, al imperio de la ley y a los derechos humanos, entendidos todos desde una perspectiva de calidad y de efectividad y no sólo de formalidad.

El Tratado de Lisboa reconoce que la democracia no es sólo un valor europeo, sino un principio constitucional sobre el que se apoya la Unión Europea. Es decir, fundamento y esencia de la misma. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parte inherente del Tratado de la UE, reconoce que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Por tanto, todo acto inamistoso contra una democracia de calidad, en cualquier Estado de la Unión, es una violación del Derecho de la Unión. Por ello, la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento que permita restablecer los derechos democráticos, incluso con sanciones políticas, económicas e incluso judiciales, si fuera necesario.

El presidente del Gobierno húngaro, del partido conservador, Viktor Orban, ha establecido restricciones a la libertad de prensa, ha impuesto un bloqueo legislativo para impedir procedimientos de modificaciones de leyes, ha generado desconfianza en cuanto a la independencia del poder judicial, del Banco Central o de las instituciones de protección de datos.

La Unión Europea, a través de los cauces establecidos en el Tratado de Lisboa, ha puesto en marcha sus mecanismos que, ahora, serán extensibles al Consejo de Europa, donde también se han preocupado del tema. Es obvio que la institución más agresiva con estas cuestiones esté siendo el Parlamento Europeo, pero también la Comisión Europea y la Presidencia de la Unión Europea, este semestre atribuida a Dinamarca, están iniciando un camino sin retorno. Este selecto club no admite derivas totalitarias. La Unión Europea será democrática o no será. Esto no es ya una aspiración sino una obligación.