Sería bueno reconocer que la cuestión catalana es un problema complejo y para su solución no existen fórmulas mágicas. Desde hace varios años nos estamos moviendo entre dos maximalismos antagónicos de imposible entendimiento. Por un lado, el soberanismo catalán que pretende acceder a un Estado independiente mediante un referéndum sin encaje constitucional y de otro, el rígido posicionamiento del Gobierno central atrapado en la legalidad e incapaz de proponer ninguna otra fórmula de acercamiento. De hecho, en este diálogo de sordos, pocos avances se han logrado y cada vez las posiciones están más alejadas. En este reducido campo de juego es más fácil señalar lo que no se debe hacer que proponer soluciones eficaces. Y es aquí, en el intento desesperado por parte del Gobierno de encontrar una salida al conflicto donde pueden aparecer los errores que empeoren aún más la situación.

Del inmovilismo, que fue la fórmula que la legislatura pasada aplicó el presidente Rajoy y que tan buenos resultados le ha dado en otras cuestiones, parece querer cambiarse tímidamente por un dinamismo más de gestos que de soluciones reales. Pero el problema es que no cualquier movimiento es positivo y no cualquier iniciativa significa acercamiento. Algo de esto ha pasado con la última propuesta del presidente en su viaje a Cataluña. La reunión con el empresariado catalán anunciando numerosas obras públicas que en otro tiempo ya fueron prometidas, no es desde luego una iniciativa que venga a mejorar la situación. Ese intento tan zafio de intentar comprar voluntades políticas a fuerza de prometer inversiones es una estampa vergonzante que reparte humillación entre el que la hace y el que la acepta. Ha sido muy fácil poner en evidencia esa burda estrategia dentro de la propia sociedad catalana y ha creado resquemor y desconfianza en el resto de autonomías. Intentar cambiar el sentimiento separatista con unas generosas inversiones es una desafortunada operación que no consigue su objetivo en Cataluña y además crea malestar e incomprensión en el resto de la sociedad española. Con este intento de trueque, a partir de ahora habrá que preguntarse a cuánto está en el mercado político la unidad de España y cual es el precio que se está dispuesto a pagar para conseguirla. Una cosa es plantearse con rigor un nuevo mecanismo de financiación de las comunidades autónomas reparando agravios existentes y otra es ir de compras a la plaza pública y vocear propuestas como si estuviéramos en una subasta.