LA apropiación de las instituciones por parte de los partidos políticos es uno de los mayores males de esta joven democracia. Se trata de una práctica cada vez más frecuente, identificar como una misma cosa las siglas con la representación oficial de una ciudad, una provincia, una comunidad autónoma o una nación. Y como desgraciadamente los partidos se han acostumbrado a llevar el debate político a su perfil más bajo, a recurrir a cualquier estrategia para atacar al contrario, esas mismas conductas se han instalado en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos e incluso en el Ejecutivo central. Pero en estos casos la víctima no es el rival, sino el conjunto de los ciudadanos administrados. Ni el PSOE ni el PP son inocentes en el grave conflicto institucional abierto entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, en esta ocasión con motivo del urbanismo. Un repaso a los muchos proyectos pendientes en la ciudad confirma que la lealtad y la colaboración entre ambos organismos no han sido la norma, sino desgraciadamente la excepción. Desde los puertos deportivos a los rascacielos, del Metro al Museo en la Aduana, casi todas las iniciativas modernizadoras que requiere Málaga se han convertido en peones de una partida de ajedrez entre los dos partidos. Y el progreso de esta ciudad no puede enrocarse en el enfrentamiento permanente. Es obligación de sus responsables políticos sentarse a dirimir sus diferencias desde el respeto por la autonomía municipal que exige el alcalde. La Constitución la impone en su artículo 140 y establece como principio general que ninguna administración está por encima de otra. Pero el complejo laberinto competencial en que se ha convertido el Estado de las autonomías ha provocado que la mayoría de los asuntos vitales para una urbe, como su crecimiento urbanístico, los transportes o las playas, dependa del dictamen de varias administraciones. Y aunque el Gobierno andaluz cumple con su obligación al evaluar el impacto ambiental del PGOU y al rechazar los planes que considera perjudiciales, cabe preguntarse si en la veintena de proyectos denegados se ha actuado siempre en base a argumentos técnicos y no siguiendo criterios partidistas para entrometerse en el gobierno municipal.