LA situación de las cuentas públicas de España no es mala: es peor. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado durante el año 2011 alcanzó, en negativo, el 8,51% del Producto Interior Bruto, según el balance de ejecución presupuestaria presentado por el Ministerio de Hacienda. El déficit superó, pues, en cantidad y porcentaje abultados, al previsto por el Gobierno anterior (6%), basado en unas previsiones de crecimiento económico que no se han hecho realidad. Antes al contrario, en vez de crecer la economía se ha estancado y corre el riesgo de entrar en recesión (lo que los economistas reconocen con el oxímoron "crecimiento negativo"). Al aumento del déficit público han contribuido, sobre todo, las comunidades autónomas, que han asumido con largueza una cultura del gasto que no se corresponde con los tiempos de crisis y penuria que vivimos. Sólo la de Madrid se puede decir que ha cumplido con el objetivo fijado, siendo la de Castilla-La Mancha la más incumplidora. Aunque, como ha señalado el ministro de Hacienda, la responsabilidad es de todos, el problema que se plantea es el abordaje del compromiso de reducir el déficit al 4,4% en el presente ejercicio. Pasar del 8,51% al 4,4% en un solo año se antoja poco menos que imposible, ya que se trataría de corregir un desfase superior a los 40.000 millones de euros, mucho mayor que el afrontado por el Gobierno Rajoy con las subidas del IRPF y el IBI y los recortes decretados a funcionarios y pensionistas. Esto quiere decir que, salvo que se consiga la perseguida flexibilización del déficit por parte de la Unión Europea, el ajuste habrá de ser brutal, sin descartar la subida del IVA -por ahora, el Gobierno sigue negándola- y, por supuesto, contemplando nuevas medidas de ahorro que afectarán a la Administración central, las autonómicas y las locales. Y, en todo caso, si un ajuste tan duro se lleva a cabo, no conviene perder de vista que su consecuencia será instalar a la economía española en un estado de recesión socialmente insoportable.