Editorial

En la diana de ETA

LA documentación intervenida en la vivienda de Óbidos, al norte de Lisboa, que la organización terrorista ETA pretendía convertir en su nueva base de operaciones, ya permitió deducir, en un primer análisis, que la provincia de Cádiz se habría convertido en objetivo de sus designios criminales. Los dos etarras que se dieron a la fuga, y que están siendo buscados con ahínco por las policías española y portuguesa, disponían en la casa, junto a abundante material explosivo, de mapas urbanos de Cádiz y San Fernando, notas sobre horarios de autobuses gaditanos y un teléfono móvil con la inscripción Cádiz. El examen más pormenorizado de lo encontrado en Óbidos ha permitido ahora conocer que también obraban en poder de los etarras diversas fotografías del cuartel de la Guardia Civil de Zahara de los Atunes, una pedanía de Barbate, ubicado junto a la playa de Atlanterra, donde en la época veraniega se concentran más de cuarenta mil turistas. Entre los veraneantes se encuentran numerosos políticos y artistas españoles, lo que garantizará, en caso de atentado, el impacto mediático y social que ETA busca en cada una de sus acciones de manera preferente. La noticia ha causado la natural alarma entre los habitantes de Zahara y su comarca, en tanto que la organización que agrupa a un sector numeroso de la Guardia Civil ha llamado la atención sobre el insuficiente dispositivo de seguridad con que cuenta el establecimiento y ha exigido su cierre inmediato. De hecho, el cuartel está pendiente de una reforma ya decidida por el Ministerio del Interior. Según fuentes oficiales, los preparativos de los terroristas para perpetrar un atentado contra el cuartel se remontan al menos a un año, es decir, se encontraban en un estado avanzado de gestación. Una vez más, la acción policial ha permitido abortar una acción asesina de ETA, aunque sus protagonistas hayan escapado de momento al cerco de las Fuerzas de Seguridad. La conclusión es clara: mientras ETA siga existiendo, el peligro para los ciudadanos, de Cádiz y de toda España, no habrá desaparecido. Sólo cabe guardar la calma, apoyar a la Policía y permanecer atentos a cualquier indicio que le permita impedir sus acciones. El Estado, por su parte, debe optimizar la seguridad de todas sus instalaciones.

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