CORRÍA 1996. Una llamada de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, cuyo concejal era el actual alcalde, De la Torre, invitaba a una reunión conjunta de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta con los que estaban revisando el PGOU de 1983. Quedaba clara la voluntad de consenso de la alcaldesa con la Junta. El PP no tenía mayoría absoluta y el tándem Villalobos-Martín Toval se entendía.

Todo marchó sobre ruedas. Se acordaron los límites sostenibles del crecimiento de Málaga, la cota máxima edificativa en Pinares, la salvaguarda del salto a la ronda, y el nuevo desarrollo de la capital se fijaba hacia la comarca del Guadalhorce. Incluso, donde se difería: en los proyectos de El Arraijanal, El Morlaco y en un túnel bajo Gibralfaro, se concertó que, aún conservándose en el documento, al no estar con suficiente definición, serían objeto, en caso de desarrollo, de un estudio ambiental específico.

Esa revisión del PGOU pasó el plácet inicial y provisional del municipio sin sobresaltos. En 1998, fue firmado por la consejera del Urbanismo en la Junta, con la matización de que el suelo urbanizable no programado en El Arraijanal, al no haberse desarrollado, quedaba asimilado al no urbanizable.

En octubre de ese mismo año, la promotora de esa zona litoral inició el procedimiento para la aprobación de este proyecto urbanizador y portuario. Ante las exigencias de los informes sectoriales desistió de hacer el estudio ambiental y quedó archivado.

Con posterioridad al año 2003, revalidada la mayoría absoluta por el PP con De la Torre de cabeza de lista, el Ayuntamiento hizo pública la bravata de autorizar de forma unilateral las acciones en El Arraijanal, en un ejercicio patente de demagogia que quedó en el tintero de las hemerotecas.

En el año 2005, el primer edil programa una nueva revisión del PGOU cuando aún queda reserva de suelo para miles de viviendas. Hace una aprobación inicial en julio del 2006 sin haber mantenido reunión alguna con la Junta. A mediados del 2007, el ente autonómico ambiental declara no viables: la urbanización al norte de la ronda en el punto que se plantea, los puertos deportivos en El Morlaco y El Arraijanal, las viviendas en la zona inundable de Campanillas, se fijan límites constructivos de cota en la sierra de Churriana, y a la vez se plantea una evaluación ambiental específica para los rascacielos de Repsol y Martiricos, por ser zonas ya de por sí congestionadas, tanto poblacional como de movilidad, y por significar cambios de sistemas generales viarios y de zonas verdes.

En otoño de ese 2007, favorecido por la relación con el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, cuyo primer trabajo transcurrió en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, los equipos técnicos de ambas partes mantuvimos dos reuniones llegando a bastantes aproximaciones. El salto a la ronda, en el espacio que se planteaba, era inviable y el urbanismo municipal reconoció no haber tenido en cuenta la normativa de la Junta de 1990. El desarrollo en El Arraijanal, a la vista de lo alegado por las administraciones -central, autonómica y municipio colindante- aparte de ecologistas, vecinos y Universidad, no parecía factible. Las viviendas en zonas inundables no eran posibles si antes no se ejecutaban actuaciones de corrección; en Churriana hubo acuerdo... tan sólo un apartado de fondo nos diferenció: los edificios de las torres. Pero para superar este escollo, el Ayuntamiento nos dijo, con nuestras reservas, que no lo llevarían en la revisión del PGOU sino como previa modificación puntual al de 1998, al considerar que era competencia municipal por tratarse de suelo urbano consolidado. El clima fue de optimism.

Sin embargo, de nada sirvió. En agosto de 2008, el PP aprobó provisionalmente la revisión del PGOU sin atender la declaración ambiental y habiendo firmado convenios con particulares hasta última hora. La única variación municipal significativa respecto al inicial es que por arte de magia en El Arraijanal desaparece el puerto deportivo y aparecen edificios. A lo largo del año 2009, la Comisión de Urbanismo de Andalucía devuelve el documento al Ayuntamiento en base a los informes jurídicos que advierten de sus notables deficiencias técnicas y legales, haciendo imposible la voluntad del consejero Espadas de aprobar una parte y denegar los aspectos litigados de la propuesta.

¿Después?, por mor del alcalde, más tiempo perdido para la ciudad, agravado por la crisis económica. Estéril confrontación y demasiado victimismo aldeano. Discurso tramposo, de confrontación partidaria, que cae por su peso con la aprobación del PGOU de Marbella. Mala imagen del alcalde, que pide compensaciones por contribuir con el instrumento urbanístico municipal a que la Junta haga un gran parque litoral en El Arraijanal, y, cercano a Campanillas, un macrocomplejo sanitario: yacimiento de investigación, tecnología y empleos de calidad; resarcimientos, que reivindica De la Torre de los fondos europeos regionales, no repartidos a ningún ayuntamiento andaluz, y que están siendo empleados para financiar proyectos autonómicos, tales como: el Metro de Málaga, el AVE Málaga-Sevilla o Antequera-Granada...

La Junta quizás ha cometido recientes errores con Málaga, como trasladar la dirección de la Cuenca Mediterránea a Sevilla o ignorar el Plan de Defensa de Málaga ante las riadas, pero no con el dichoso PGOU del alcalde.