Editorial

Una dimisión impostergable

LA decisión de los dirigentes de UGT Andalucía de aplazar hasta el 9 de enero la asunción de responsabilidades por el escándalo del fraude presuntamente cometido contra las arcas públicas ha durado apenas dos días. No podía durar. La gravedad de las acusaciones publicadas sobre el uso irregular de cuantiosas ayudas de la Junta de Andalucía al sindicato, la falsificación de facturas, la investigación judicial en marcha, la revisión de los expedientes de las subvenciones ordenada por el Gobierno autonómico de mayoría socialista -que indaga sobre 7,8 millones de euros y solicita ya la devolución de 1,8 millones-, el malestar creciente de los afiliados y las presiones de la cúpula federal ugetista, que intenta no verse implicada en el caso, han dibujado un escenario en el que la dirección de UGT Andalucía se encontraba contra las cuerdas y había perdido cualquier capacidad de maniobra. La demora en la celebración del comité regional extraordinario que debía examinar la situación tras el paréntesis navideño, es decir, dentro de cuarenta días, se ha desvelado pronto como una operación de distracción condenada al fracaso. Así ha sido. Dos días más tarde de haber convocado el comité, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, que sólo llevaba en el cargo seis meses y medio -aunque había sido secretario de Organización bajo el liderazgo de Manuel Pastrana-, se decidió por fin a dar un paso al frente y ofrecer su dimisión, asumiendo la máxima responsabilidad en las prácticas de financiación irregular que ha protagonizado la central sindical prosocialista en los últimos años. No quedaba otra salida plausible a la medida de la gravedad del escándalo y del hecho incontrovertible de que UGT-A no ha sido capaz en los últimos meses de aplicar una estrategia de defensa mínimamente creíble. Ni la apelación a una supuesta causa general abierta contra UGT ni la alusión a los enemigos del sindicalismo que estarían en brutal campaña para privar a los trabajadores de sus instrumentos más acreditados de defensa han podido resistir la evidencia de que lo que se estaba denunciando - de lo que se han hecho eco la Junta de Andalucía y la autoridad judicial- era un entramado ilícito de financiación del sindicato a través de ayudas que la Administración regional destina a fines de interés público, como la formación de los desempleados. Que ese dinero haya sido desviado hacia los objetivos que los líderes ugetistas han creído oportunos, incluyendo sus propios estándares de vida y su bienestar material, es lo que está en entredicho y de lo que tendrán que responder los dirigentes cuestionados. Fernández Sevilla ya ha empezado a hacerlo.

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