UNA encuesta del INE nos dice que en 2050 un tercio de la población española será mayor de 64 años. Y el Gobierno decide retrasar la edad de jubilación. Se me ocurre recordar que la inmigración es un remedio contra el envejecimiento. Un remedio conocido. Hemos necesitado la colaboración de los inmigrantes en la construcción durante los años del auge inmobiliario. No teníamos soladores, encofradores o pintores. Y ayudaron con su trabajo durante más de una década al enriquecimiento no sólo de los promotores. También de los ayuntamientos donde se construían tantos bloques de pisos, tantas urbanizaciones. Contribuyeron con sus cotizaciones a mantener nuestro sistema de pensiones, cuya quiebra es uno de los temores recurrentes que atraviesan con frecuencia el ánimo de la sociedad española en su conjunto, sin diferencia de clases sociales. Y han trabajado no sólo en la construcción. También en la hostelería, con horarios tan sacrificados que los empresarios no encuentran mano de obra nacional. O en el campo, sobre todo en las tareas más duras, especialmente en la recogida de fruta. Y en el trabajo doméstico, cuidando a nuestros mayores y a nuestros niños. En fin, se han ganado a pulso un respeto.

Pero cuando ha terminado la época de bonanza económica y la destrucción del empleo sigue a un ritmo de progresión geométrica, nos damos cuenta de que tenemos aquí a esos respetables inmigrantes. Y empiezan sus problemas con los ayuntamientos, incluso con sindicatos que piensan primero en los trabajadores españoles en activo. Y no digamos con ciudadanos que se creen agredidos porque hay que compartir con ellos atención sanitaria, colegios, servicios municipales y trabajo. Esta situación delicadísima, que tendría que ser manejada con tacto, inteligencia y espíritu de solidaridad, está en manos de unos políticos que se comportan sin sentido de Estado. En este campo no hay diferencias entre los del poder y los de la oposición. Quiero pensar que actúan sin darse cuenta de que esta situación, mal gestionada, puede ser una bomba que nos estalle a todos en las manos. La táctica para este asunto es el enfrentamiento, como en otras cuestiones capitales para el porvenir del país, intentando sacar provecho de los errores de sus adversarios.

La inmigración, como el modelo energético, como un urbanismo razonable, como la lucha antiterrorista, como afortunadamente está pasando ahora con la educación, son temas que necesitan un amplio consenso político y ciudadano. También información y sentido común. Nuestros políticos tienen que actuar en el tema de la inmigración con visión de futuro, sin demagogias ni populismos. Tienen que aprobar un plan director como lo haríamos en una empresa, con una estrategia para alcanzar objetivos precisos. Hay que realizar un análisis detallado de la evolución demográfica de la población, de las necesidades de mano de obra y su cualificación. Hay que fijar unos niveles de población activa ocupada, que cotice a la Seguridad Social. Y a partir de una tasa razonablemente baja de paro, determinar las políticas migratorias y de empleo.

A pesar de las incertidumbres actuales de la economía, existen algunas proyecciones de futuro en la materia. La pirámide de edad de la sociedad española sufrirá una transformación radical hasta 2020: la población de 16 a 39 años pasará de 15,8 a 11 millones, y los nacionales de 40 a 64 años van a aumentar desde 13,4 a más de 17 millones. Este proceso de envejecimiento de la población hará necesaria la incorporación de más de dos millones de trabajadores foráneos en estos doce años, una vez que la economía se estabilice y volvamos niveles de actividad parecidos a los de antes de la crisis. Eso equivaldría a una media de 157.000 nuevos activos laborales adicionales cada año. El grupo de reflexión presidido por Felipe González que ha preparado unas previsiones sobre el futuro de Europa ha calculado que dentro de veinte años en la UE habrá 30 millones menos de activos y 30 millones más de pensionistas.

Pero los ciudadanos y los medios de comunicación también tienen un papel importante en este debate, en el que se confunde a la opinión pública. Hay que dejar de hablar de expulsiones y abaratamiento del despido. Es una música fácil, para una sociedad frágil. Es lamentable que en la coyuntura actual no se planteen otras soluciones para la salida de la crisis. Por ejemplo, tenemos que empezar a hablar de estimulación económica y facilidades a la contratación. Y también, por qué no, debemos desterrar la mentalidad del enriquecimiento rápido y no siempre lícito. Hasta el punto que debería provocar el descrédito social, en vez de ser un paradigma que sirva de modelo y de envidia. Es la hora, en definitiva, de apostar por el esfuerzo, por la productividad y por la calidad. Ahora debemos aprender colectivamente que el trabajo duro y constante es el que va a engrandecer la sociedad en que vivimos. Sin olvidar que no sólo por solidaridad hay que tener respeto por quienes contribuyeron a facilitar la buena marcha de la economía española y nuestro bienestar general. También hay que hacerlo por sentido práctico y hasta egoísmo. Nos lo acaban de recordar el INE con su proyección de población para mitad de siglo y el Gobierno con el retraso de la jubilación: vamos a volver a necesitar a los inmigrantes cuando salgamos de la crisis.