Resulta gratificante, al menos hasta cierto punto, comprobar cómo resuena aún el asunto de la Memoria Histórica en el debate político. Frente a quienes justifican los carpetazos y quienes lamentan que estamos todo el santo día hablando de esto, habría que advertir que de nuestro pasado reciente, en realidad, se habla muy poco. Y menos aún con mesura, con templanza y sin ánimo revanchista. El empeño de los nacionalismos, de los independentismos y de partidos como Podemos en ver la huella de Franco hasta en la ITV ha dinamitado cualquier posibilidad al respecto: ya sólo cabe referirnos a la cuestión, parece, desde la firme intención de lanzarnos al cuello del contrario. Pero convendría reparar en los argumentos esgrimidos en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga el pasado jueves, cuando se acordó, a instancias de la oposición, retirar el título de Hijo Predilecto y la Medalla de la Ciudad a José Utrera Molina, antiguo ministro del Franquismo fallecido en abril del año pasado. Para justificar la abstención de los concejales del PP, el alcalde, Francisco de la Torre, introdujo una cuestión harto interesante: recordó que ya en el año 2007 resolvió el Consistorio retirar todos los títulos honoríficos concedidos a las autoridades vinculadas a la dictadura franquista. Y reivindicó el carácter pionero del trabajo desarrollado en el Ayuntamiento en pro del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica "y en favor de la dignidad de las víctimas". El caso de Utrera Molina, sin embargo, era (y, en opinión del alcalde, sigue siendo) merecedor de una excepción por el impulso que bajo su mandato cobraron algunas infraestructuras decisivas en Málaga. "Nada tiene que ver con la exaltación del régimen", añadió De la Torre, para dejarlo claro. Y bien, con esto encontramos un lindo dilema ético. ¿Qué hacemos con los artífices del franquismo que desarrollaron proyectos hoy considerados imprescindibles, sin los cuales el desarrollo de nuestras ciudades habría sido muy distinto, tal vez inexistente? ¿En qué medida el trabajo bien hecho viene a paliar la adscripción a un régimen tiránico y criminal?

La tendencia a relativizar los funestos desastres políticos a cuenta de ciertas conquistas sociales representa una norma muy extendida. No faltan quienes restan gravedad a la carencia de derechos fundamentales en Cuba porque a cambio cuentan allí con una presunta sanidad pionera, ni quienes sostienen que las últimas dictaduras de España y Portugal propiciaron una determinada cobertura garantista que, a lo mejor, bien valía tener que ir a misa todos los domingos. Pero que Utrera Molina, quien siempre formó parte del núcleo más duro y más inmovilista del franquismo, proveyera a Málaga de ciertos servicios, no lo hace aquí digno de esa excepción. No se trata de retirarle los títulos porque no hiciese nada, ni siquiera por haber sido mal ministro (todo lo contrario: fue un ministro excelente), sino por haber comulgado con un fervor procesado hasta su muerte con un sistema político que destrozó la vida a millones de españoles durante mucho tiempo. No es lo mismo eficacia que virtud. Menos aún respecto al honor.