EL fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha remitido un escrito al juez José Castro, que instruye la causa contra Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, por presuntos delitos fiscales, malversación y tráfico de influencias, en el que se posiciona contra la imputación de la infanta Cristina de Borbón, esposa de Urdangarín. Ya en mayo pasado el fiscal recurrió contra una primera imputación de doña Cristina, y la Audiencia le dio la razón, aunque indicó al instructor que debía solicitar informes a la Agencia Tributaria para delimitar, en su caso, el papel de la hija del Rey en los negocios de su cónyuge. En esta ocasión el fiscal Horrach -que discrepa por segunda vez del titular del juzgado tras haber llevado trayectorias paralelas- se ha anticipado al instructor y le ha enviado el escrito antes de que éste haya solicitado su parecer a las partes personadas en el caso. El motivo fundamental de la Fiscalía es que desde el pasado 7 de mayo, cuando se desimputó a la infanta, "nada nuevo ha acaecido (indicio, documento, declaración, dato)" y que "no hay un solo elemento de prueba que vincule a Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas", rechazando expresamente las meras conjeturas y sospechas que se hacen constantemente en torno a un caso de tanta repercusión social, política y mediática. El Ministerio Público destaca particularmente que no se puede presumir que alguien participe en un delito contra la Hacienda Pública tan sólo por el hecho de su condición de socio no administrador de una entidad (Aizoon, la sociedad a través de la cual Urdangarín limpiaba los fondos irregularmente obtenidos gracias a su influencia, por pertenecer a la Familia Real, en instituciones de Baleares y Comunidad Valenciana). El documento, de unas treinta páginas, contiene argumentos de peso que, sin duda, habrán de ser tenidos en cuenta próximamente por el juez José Castro a la hora de decidir sobre la imputación de Cristina de Borbón. Como hemos sostenido con anterioridad, lo fundamental en los procedimientos judiciales es salvaguardar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y ante la Justicia. Doña Cristina no podía de ningún modo recibir un trato de favor en la instrucción del caso que afecta de lleno a su esposo, lo cual sería socialmente demoledor, pero tampoco debía resultar maltratada como si tuviera que asumir el papel de chivo expiatorio del resentimiento y la protesta contra el sistema y sus instituciones. Por ahora lo que sabemos es que el representante del interés general en la causa, el fiscal Horrach, cree que la Infanta tiene que ser exculpada de la misma por no haberse confirmado indicio alguno de conducta delictiva por su parte.