EL 86% de los claustros de profesores de los 850 institutos existentes en Andalucía han rechazado acogerse al plan de incentivos ideado por la Junta para mejorar el rendimiento escolar. En Primaria, por el contrario, una mayoría no contundente del profesorado se ha sumado al programa.

En resumen: Cándida Martínez ha dejado como herencia-respuesta oficial al pavoroso fracaso de la Enseñanza Secundaria andaluza -plasmada por el PISA y por lo que no es el PISA- otro fracaso. ¿De qué otra forma cabe calificar un plan para incentivar a los profesores que los profesores mismos rechazan? El hecho de que quienes tendrían que aplicar el plan sean los primeros en negarse a ello, pese a las ventajas materiales que les supondría, ya es suficiente motivo para concluir que el camino ha sido, otra vez, erróneo, inadecuado, fallido.

Parte de los profesores se han opuesto a implicar a sus centros en la operación por las prisas y la falta de explicaciones con que se ha acometido. Eso tranquiliza a los responsables de Educación: superar la disidencia sería así cuestión de tiempo. El problema es que otra parte, nada escasa, del profesorado lo que impugna de manera contundente y enérgica es la filosofía misma del plan, es decir, la idea de que el deterioro de la Secundaria se puede combatir repartiendo siete mil euros por cumplir en cuatro años una serie de objetivos docentes (entre ellos, aumentar el número de aprobados, lo que siembra la sospecha de que se trata de maquillar las cifras sobrecogedoras del PISA). Los que hablan de "soborno" esgrimen dos argumentos de peso para justificar tan gruesa palabra: por un lado, preguntan por qué no se instaura la carrera docente para premiar a los profesores más competentes y esforzados; por otro, estiman cruelmente significativo que la evaluación sobre el cumplimiento de parte de los objetivos planteados corra a cargo del director de cada centro, convertido así en juez y parte del sistema.

Sea como fuere, el conflicto sobre el plan de incentivos revela de nuevo la carencia que hay en la base de nuestro problema educativo: las autoridades elaboran planes y más planes siguiendo los consejos de expertos que no han pisado nunca un aula -o, si la han pisado, se han apresurado a escaparse de ella- y que deben secundar profesores desmotivados, desautorizados y desbordados por una conflictividad social que no nace en la escuela, pero se vierte sobre ella urgiendo soluciones que muchas veces no están en sus manos. Son planes hechos, seguramente, con la mejor intención, pero partiendo de diagnósticos equivocados a los que les falta sistemáticamente la opinión de los que enseñan, que algo sabrán.

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