DESPUÉS de la subida de impuestos decretada en su primer Consejo de Ministros ordinario, el Gobierno de la nación ofreció ayer una cara más amable a los ciudadanos. El Ejecutivo anunció la puesta en marcha de un plan contra el fraude fiscal que, por un lado, intenta aumentar los ingresos del Estado (la previsión es de recaudar 8.000 millones más) a fin de enjugar el déficit público y, por otro, envía un mensaje de sensibilidad social que los españoles auguran siempre, y con más motivos en tiempos de crisis. El programa que prepara el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introducirá limitaciones al pago en efectivo en determinadas transacciones, al modo en que se han implantado en Francia o Italia y tratará de sacar a la luz parte de la economía sumergida a través del examen de los consumos de electricidad y el uso de las tarjetas de crédito, aparte de intensificar la labor de la Inspección de Trabajo. Asimismo se utilizará intensivamente la información facilitada por países que han salido de la lista internacional de paraísos fiscales. Por otra parte, tras tomar nota de "la inquietud y el rechazo social" generados por las elevadas retribuciones de los directivos bancarios, el Gobierno ha solicitado al Banco de España que explique y justifique los emolumentos de los ejecutivos de entidades financieras, especialmente de aquellas que han tenido que ser intervenidas o necesitado de aportaciones de dinero público para asegurar su continuidad tras sufrir una gestión negativa, e incluso desastrosa en algunos casos. Finalmente, el Consejo de Ministros ha decidido, con buen criterio, convocar próximamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar junto a los representantes de las comunidades autónomas el documento oficial que cifra en más de cuatro mil el número de las empresas públicas, agencias y otros organismos existentes en la Administración central, las autonomías y los ayuntamientos. El objetivo es reducir sustancialmente esta cantidad a fin de lograr una Administración más austera y eficiente.