EL secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció ayer que si gana las elecciones pondrá en marcha un ingreso mínimo vital destinado a las familias en situación de necesidad. Hace una semana el PSOE andaluz abortó en el Parlamento autonómico una iniciativa ciudadana para que se tramitase de inmediato una ley de renta básica que persigue el mismo objetivo.

¿Acaso el PSOE federal es más "social" que el PSOE de Andalucía? ¿Está más sensibilizado Pedro Sánchez que Susana Díaz con el problema de la pobreza? No necesariamente. Es más sencillo: Sánchez es un candidato a presidente al que no le cuesta nada prometer el oro y el moro, y Susana una presidenta en ejercicio que tiene que echar cuentas para ver si puede cumplir o no lo que prometió. Y no le salen.

Porque la renta básica para los andaluces pobres es una promesa. Incluso una promesa con rango superior a la ley ordinaria. El Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 -con escasa participación referendaria- recogía la renta básica como un derecho subjetivo para garantizar unas "condiciones de vida digna" a los andaluces necesitados. Han pasado ocho años, con Chaves, con Griñán y con Díaz, y la ley no ha empezado ni a debatirse. El último argumento oficial para explicar el retraso podía haber sido también el primero: dificultades presupuestarias.

Al contrario que los derechos políticos, que se pueden ejercer con facilidad en cuanto son reconocidos y consagrados, los derechos sociales suelen ser expresiones de voluntad que si no van acompañadas de dotación económica generan frustración y desencanto. Eso le puede ocurrir al ingreso mínimo vital anunciado por Sánchez, y ha ocurrido ya, está ocurriendo, con el derecho constitucional a la vivienda o la aplicación de la Ley de Dependencia. De poco sirve legislar ayudas a las personas dependientes si la falta de presupuesto para concederlas hace que se demoren los plazos o se alarguen las listas de espera. Mucha gente fallece en el intento. Literalmente.

Los expertos de Pedro Sánchez -un candidato siempre está rodeado de expertos- calculan que el ingreso mínimo vital beneficiaría a 730.000 familias y supondría destinar 6.000 millones de euros al año a combatir la pobreza. Loable propósito, pero no vale. Para que lo tomemos en serio tiene que explicar, Sánchez, de dónde va a sacar el dinero. De otro modo: ¿qué partidas por importe de 6.000 millones eliminará del Presupuesto?