DEL jurado que debe decidir la mejor idea para la integración urbana del cauce del Guadalmedina -aunque después ésta no sea vinculante ni haya dinero para acometerla- se pueden decir muchas cosas. Pero seguramente no que es precisamente independiente, como se ha prometido en el último año. Cuatro de sus quince miembros son cargos del PP (el alcalde de Málaga, el presidente de la Diputación, el subdelegado del Gobierno y el concejal de Urbanismo) por lo que se puede apostar sin riesgo a equivocarse que su voto será el mismo. Tras la dimisión del arquitecto Salvador Moreno Peralta, nombrado por la Federación de Vecinos, y del ingeniero de caminos José Alba (alma de Urbaconsult y un apasionado defensor de la necesidad de transformar el cauce), el jurado pierde casi toda presencia técnica de prestigio. Sólo quedan el decano de la Escuela de Arquitectura, José Ramón Moreno, y la gerente de la Asociación de Constructores, Violeta Aragón, que es ingeniera de Caminos. Habría sido deseable, tanto de las instituciones como de los sindicatos, nombrar a más personas cualificadas en materia urbanística. Y con criterio independiente y no político.