LA inclusión en el programa electoral del PSOE andaluz de la propuesta de incentivar el estudio del catalán, el vasco y el gallego en las escuelas oficiales de idiomas que funcionan en Andalucía debería ser contemplada con normalidad, pero debe ser objeto de análisis y crítica. La posibilidad del aprendizaje de las lenguas cooficiales de España en España es completamente legal e incluso deseable, aunque estimamos que la prioridad educativa en nuestra tierra debería ser la lucha contra el pavoroso fracaso escolar y, en materia de lenguas, al estudio del inglés o el francés, sin descatar el chino, idiomas mucho más útiles para afrontar los retos de un mundo globalizado que el catalán o el vasco. Si la finalidad última de la promoción de los idiomas es garantizar una mayor movilidad funcional y territorial de los profesionales andaluces, no cabe duda de que lo que hay que conocer es el inglés. En fin, no debería haber inconveniente en que la enseñanza pública satisfaciera el deseo de aprendizaje de cualesquiera de las lenguas oficiales de España, aparte de asegurar el correcto uso del castellano, lógicamente. Por motivos puramente electoralistas la iniciativa del candidato Chaves ha sido presentada poco más o menos como una subordinación de Andalucía a Cataluña, País Vasco o Galicia y una desvalorización del idioma común de los españoles. No hay tal. En varias comunidades autónomas gobernadas por los populares, como Madrid, Valencia y Castilla-León, ofrecen cursos en estas lenguas sin deterioro para el castellano. Estos cursos tienen más o menos seguidores, según los intereses o gustos de los padres de familia, igual que ocurriría en Andalucía si se implantasen dichas enseñanzas. Con toda normalidad, como hemos dicho. Convendría que la lucha política legítima se centrase en los problemas reales de la sociedad antes que en la invención de conflictos inexistentes. Sería bueno para la salud democrática, el derecho a la información de los ciudadanos y la limpieza de la campaña electoral.

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