DESPUÉS de 17 días de gestiones la familia de Juan Antonio Roca ha reunido el millón de euros de fianza estipulada por el juez instructor para conseguir su puesta en libertad, ayer, a los dos años de ser encarcelado como cerebro de la trama de corrupción articulada en torno al Ayuntamiento de Marbella y presunto autor de delitos graves de malversación, cohecho y blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial de Málaga había rechazado en octubre la excarcelación del ex asesor de Urbanismo marbellí por entender que existía "un riesgo real y grave de evasión" a tenor de las penas que se le podrían imponer durante el juicio por estos cargos y del patrimonio acumulado por Roca fuera de España, pero ahora el juez instructor del caso Malaya ha cambiado el criterio, denegando los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Marbella a fin de que continuara en prisión. Hay que decir que estos recursos responden a un sentir ciertamente generalizado en la opinión pública, alarmada ante la eventual fuga de Juan Antonio Roca y la escasa cuantía de la fianza teniendo en cuenta el saqueo al que fue sometido el patrimonio de la capital de la Costa del Sol durante años bajo la batuta, presunta, del ayer excarcelado. El manejo de la prisión preventiva y la libertad condicional es, en cualquier caso, uno de los aspectos más delicados y conflictivos del sistema judicial vigente en nuestro país. El instructor ha impuesto a Roca la obligación de presentarse diariamente en el juzgado y, lógicamente, la prohibición de salir de España. Estando así las cosas, solamente cabe exigir que el Estado vele con rigor por el cumplimiento estricto de las condiciones mencionadas e impida una eventual fuga del inculpado. Recientes y dramáticos acontecimientos han arrojado serias dudas sobre el funcionamiento eficiente de la Justicia en España, que sufriría un duro golpe, uno más, si Juan Antonio Roca aprovechara una legislación garantista y respetuosa con el supuesto delincuente para poner pies en polvorosa. Igualmente, hay que solicitar firmemente que la instrucción sea culminada con la mayor brevedad posible para que Roca, y los otros, puedan ser juzgados.

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