EL secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido culminar los trabajos preparatorios del programa con que se presentará a las elecciones generales impulsando la elaboración de la propuesta socialista de reforma de la Constitución. Ha formado, al respecto, un comité de expertos procedentes del mundo académico e identificados con el proyecto socialista, que habrán de preparar, sin fecha fija, el documento que recogerá las iniciativas del PSOE en relación con el debate constitucional. El punto de partida es la Declaración de Granada, formulada en la época de Rubalcaba, en la que la cúpula y los barones de este partido apostaron por el federalismo como forma de organización territorial de España. La presidenta de la Junta de Andalucía, que ostenta el poder institucional más relevante en manos de los socialistas, ha salido al paso del anuncio de la creación de este equipo de teóricos fijando la posición del PSOE andaluz. O cabría decir: confirmándola. Para Susana Díaz, cualquier iniciativa para reformar la Constitución de 1978 -difícil, por lo demás, dadas las exigencias de mayorías cualificadas y referéndum que el propio texto constitucional exige para los cambios importantes- ha de partir de dos garantías: la unidad de España, que es irrenunciable, y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, que cristalizó tras el referéndum de la autonomía andaluza. El aviso no es superfluo, porque desde los tiempos de Zapatero en el PSOE no ha quedado claro la necesidad de salvaguardar la igualdad esencial de las comunidades autónomas, dentro del respeto a su singularidad, y la no discriminación entre sus habitantes en la prestación de servicios por las distintas administraciones en función de su lugar de residencia. La postura de la líder socialista de Andalucía coincide en esta ocasión con el interés nacional. Si se cambia la Constitución, ha de ser para mejorarla, no para voltear sus principios.