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José Asenjo / Jasenjo@malagahoy.es

El lingüista y la 'telebasura'

EL lingüista George Lakoff, especialista en ciencia cognitiva y profesor de la Universidad de Berkeley, ha adquirido un inusitado protagonismo en nuestro país; tanto él como un libro suyo publicado en 2004, son citados con familiaridad por nuestros columnistas políticos. Lakoff, que ha sido fichado como asesor electoral del PSOE, es el primer sorprendido ante su inesperada popularidad en España. En una entrevista publicada en ABC, el pasado mes de octubre, el nuevo gurú socialista expresaba la siguiente opinión: "Los progresistas son gente que basa su moralidad en la empatía, en ser responsable de sí mismo y de otros; y en pensar que los gobiernos deberían cuidar al pueblo, protegerlo y delegarles el poder." Probablemente, si a uno de nuestros intelectuales de izquierdas se le formulase la misma pregunta, no se le ocurriría mencionar la última cualidad: delegar poder. Tal cosa escapa a la lógica de nuestra cultura política, tanto a izquierda como a derecha; muy al contrario, ha predominado el control partidario de los distintos poderes y de los organismos reguladores, que por su naturaleza han de ser independientes, para que el sistema funcione correctamente y para garantizar las libertades. Un buen ejemplo de ello es la imposibilidad de crear un órgano verdaderamente autónomo del poder político, como existe en otros países democráticamente desarrollados, que regule la actividad del sector audiovisual y a la vez que garantice que gobiernos y partidos no se apropien para su particular disfrute de lo que a todos pertenece: los medios públicos de comunicación. El escandaloso asunto de la relación del asesinato de la rusa Svetlana a manos de su pareja con su aparición en el programa de televisión de A3 El Diario de Patricia, ha vuelto a poner de actualidad la necesidad de un organismo de esas características en nuestro país.

Nuestra Constitución considera la televisión un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado. Por lo tanto, las cadenas privadas son concesionarias de un servicio público. Pero en este caso, teoría y realidad están separadas por una distancia insalvable: considerar lo que se emite en este país como un servicio público, es como decir que la pornografía es un bien de interés cultural. Es evidente que los contenidos que dominan la parrilla televisiva en España sólo obedecen a los más bajos instintos del mercado.

Estamos pues ante un servicio público gestionado con lógica estrictamente mercantil y dominado por profesionales incompetentes y poco audaces, que se limitan acomodaticiamente a copiar fórmulas de éxito instantáneo y compitiendo en el lodazal de zafiedad e inmoralidad que ahora presenciamos, atónitos. Es evidente que en este caso, no es el único, el mercado ha demostrado sobradamente su incapacidad para asignar adecuadamente los recursos. Por todo ello, su regulación a través de un organismo independiente es tan necesaria como urgente.

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