Editorial

Un magistrado en entredicho

EL juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón rechazó ayer la petición del Partido Popular de personarse como acusación particular en el sumario contra la corrupción que instruye el magistrado. Garzón argumenta que existen indicios de que personas vinculadas al PP podrían tener responsabilidades penales, por lo que este partido no puede ser a la vez acusador y acusado. Al negarle la personación también le cierra el paso al siguiente paso jurídico decidido por la organización que preside Mariano Rajoy: la recusación del propio Baltasar Garzón por manifiesta enemistad hacia el PP. No obstante, el hecho de que en el auto por el que envió a la cárcel a los principales cabecillas de la trama corrupta el juez revele que está investigando la participación en los delitos presuntamente cometidos de diputados o altos cargos de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, todos ellos del PP, ha dado pie a que el Gobierno regional madrileño haya solicitado inmediatamente personarse en la causa. El argumento lo facilita también el auto de Garzón, en el que manifiesta sus sospechas de que en las operaciones investigadas se han destinado "fondos propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos a los legalmente previstos". Y su consecuencia lógica, viene a decir el equipo de Esperanza Aguirre, sería la abstención de Garzón en la causa si afecta a personas aforadas. Aparte de estas argumentaciones judiciales y políticas, no debemos dejar de señalar que el episodio de la cacería del pasado fin de semana en la provincia de Jaén, en la que Baltasar Garzón y el ministro de Justicia compartieron comida y conversación -mientras el primero mantenía detenidos a varias personas implicadas en una trama de corrupción que afecta al principal partido de la oposición-, es inaceptable por ambas partes y afianza la conveniencia de que Garzón no continúe al frente de este sumario. Ello no quiere decir que haya que dar carpetazo a la investigación policial y judicial de un escándalo mayúsculo como éste. Al contrario. Se trata de garantizar que la Justicia llega hasta el final, castigando a los culpables, sean quienes sean.

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