El mayo de las togas

A los políticos les cuesta destinar el dinero a mejorar la administración de Justicia. Eso no se rentabiliza en votos

Mal asunto si dejamos la defensa de la democracia en manos de las decisiones que tomen los jueces y fiscales. Pero así sucede desde hace tiempo por la suma de inacciones políticas. El estamento judicial también salía seriamente tocado en la percepción de los ciudadanos hacia sus instituciones hasta hace muy pocos años. Sin embargo, la contundencia de sus actuaciones en las numerosísimas tramas de corrupción política que se han ido destapando en coincidencia con la crisis económica, les ha permitido recobrar mucha reputación.

Quizá por ello estos funcionarios públicos hace tiempo que le han perdido el miedo el miedo a concentrarse a las puertas de los juzgados y esta semana protagonizaban una huelga de togas esta semana en toda España. Su mayo del 68, aunque no creo que a la mayoría de los protagonistas les encandilen las revoluciones o las revueltas. En Málaga, según los datos que facilitaron, la protesta provocó la suspensión de 500 juicios.

Con la lentitud con la que en muchas ocasiones se desenvuelve el aparato judicial para fijar las vistas y los complicados trámites para reunir a todas las partes, poca gracia les haría a los afectados quedarse a la espera de un nuevo señalamiento. Me resulta incomprensible que jueces y fiscales puedan convocar un paro, por más que lo avalen las cuatro organizaciones profesionales de los primeros y las tres de los segundos. Eso sí, con las reivindicaciones todos estaríamos de acuerdo. En la provincia se necesitan más juzgados, más medios y más personal para evitar que las causas se dilaten en exceso.

El juez decano asegura que viven "en el día de la marmota judicial" y que esta justicia que se imparte es "decimonónica y artesanal". Lleva razón. A los políticos les cuesta destinar dinero a esa materia porque no se rentabiliza en votos. Pero tampoco creo que la Justicia sea un dogma de fe, como alguna religión, y bueno sería que los ciudadanos supieran con evidencias si todos los funcionarios cumplen escrupulosamente con sus obligaciones laborales. No sea que la independencia de este poder incluya, por ejemplo, la de fijar los horarios de entrada y salida. Algunas denuncias públicas se realizan de vez en cuando sobre determinados episodios y otras circulan por radio macuto entre los abogados, pero se silencian.

Porque además de las reivindicaciones más mediáticas, jueces y fiscales también se ven mal pagados. Y a muchos, a la vista de su compromiso, no les falta razón. Pero igual sucede con los profesores o los médicos y enfermeros en los servicios públicos, por citar a otros colectivos. Los policías han abierto el camino. Pero me temo que lo último que le apetece ahora al Gobierno es subirle el sueldo a sus señorías.

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