La solicitud de datos al Gobierno del diputado malagueño Miguel Ángel Heredia, sobre la recaudación de los radares en toda España, ha mostrado datos sorprendentes y, dicho sea de paso, preocupantes. Unos equipamientos cuya tecnología surgió para tratar de atajar las infracciones, especialmente en aquellos lugares donde se producían más accidentes, están siendo usados a la larga como fuente de ingresos que no se reutilizan para reparar dichos puntos negros. Y los conductores se han percatado de ello.

Esta costumbre de construir grandes autovías, pero limitar en exceso su velocidad, empieza a ser cuanto menos sospechosa. Sirva de ejemplo la hiperronda de Málaga, a su paso sobre el río Guadalhorce, donde se observa la coexistencia de más de cuatro carriles de ancho en cada sentido, sin ninguna curva y con la velocidad limitada a 100 km/h. Esperemos que no sea éste el lugar idóneo para el siguiente radar recaudatorio porque, si en esas condiciones óptimas, las autovías no tienen la velocidad limitada a su máximo valor de 120 km/h, ¿qué hace falta para llegar a ese extremo, la pista de aterrizaje de Cabo Cañaveral?

El curioso hecho de haber convertido a Málaga en la segunda provincia donde más cobra el Estado, gracias a los radares, debería corresponderse con un igual posicionamiento en el número de obras para mejorar sus carreteras. Pero parece que esta lógica no funciona en el reparto de las inversiones estatales, no se sabe si por exceso de afán recaudatorio o por defecto contable. Véanse lugares como el falso túnel de Carlos Haya, donde los problemas diarios de retenciones en su interior, para acceder hacia Ciudad Jardín, se trataron de resolver ¡colocando en sentido contrario un radar! Y no contentos con ello, en dicho sentido también se colocó una limitación aislada de 80 km/h para no dar tiempo a la reducción de velocidad. Evidentemente las cantidades ingentes de multas recaudadas en este punto kilométrico deberían haber aportado la solución constructiva definitiva a sus problemas, pero se sigue sin ver la más mínima obra, y eso no es justo.

Cuando se quieren resolver los problemas de los ciudadanos, y los de tráfico lo son y muy graves, las intenciones deben dirigirse a mejorar la circulación y hacerla más fluida y segura. Cualquier otra medida que no responda a estos principios deja de tener sentido, por mucha necesidad recaudatoria que algunos tengan.