EMPLEADOS que presuntamente se llevan a su casa los ordenadores del trabajo y acaban denunciados a la Policía por apropiación indebida. Cartas de despido que se entregan a las puertas de la Comisaría. Partes de baja médicas por depresión que se emiten horas antes de que la empresas rescinda los contratos a los repentinos enfermos. Un sindicato que presenta como representantes a las elecciones sindicales a dos personas que a los que la institución quiere echar esa misma tarde.

El espectáculo en la Cámara de Comercio de Málaga a raíz de la salida forzada del gerente da para un buen guión de una película de intriga. Igual podía hacer caja en este su 125 aniversario, apurada como está la institución por el corte de los suministros obligatorios de las cuotas empresariales. Pero de estos lamentables episodios lo que me preocupa es que aparecen como objeto directo o indirecto de las disputas cursos de formación con facturas pendientes de pago.

Son muchos cientos de millones los que se gastan anualmente con el objetivo oficial de buscar salidas laborales a los parados. Sólo en formación profesional para este colectivo y para ocupados, los Presupuestos Generales del Estado prevén más de mil millones este año. Desde hace tiempo, empresarios y sindicatos también suscriben periódicamente acuerdos de concertación, en el caso de Andalucía con la Junta. En esos pactos hay jugosas sumas para labores formativas y de responsabilidad social corporativa. Parte del coste lo financia el llamado Fondo Social Europeo.

Con tanto esfuerzo y dinero dispondríamos de los empleados más cualificados del mundo. Pero me temo que esta aseveración es incierta. Al socaire de las ayudas han nacido las empresas prestadoras de estos servicios, que olfatean el negocio. Algunas incluso tienen la nariz demasiado cerca. Con lo fácil que sería, por ejemplo, enseñar inglés en Málaga a todos los parados que lo necesiten, para empezar.