la esquina

Con otro nombre

LA Abogacía General del Estado presentó ayer ante el Tribunal Supremo sendos recursos contencioso-electorales contra las 254 candidaturas de la coalición Bildu para impedir que concurran a los comicios del 22 de mayo. La Fiscalía materializará hoy su propia demanda en el mismo sentido.

Termina así el debate, más bien de besugos, que se ha desarrollado en los últimos días sobre si el Estado democrático debía impulsar la ilegalización de esta coalición -no prevista en el texto de la Ley de Partidos Políticos- o recurrir directamente contra las candidaturas, debate utilizado por el PP para apretar las tuercas al Gobierno y extender sombras de sospecha sobre la presunta blandura gubernamental.

La tesis de la Abogacía está basada en los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el País Vasco y Navarra y se resume en un argumento al alcance de cualquiera: Bildu, integrada por los partidos legales Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba -una escisión de la IU de Madrazo, que ya hay que tener vocación de minoría para escindirse de este grupito...- y por independientes, es "un vehículo formal para presentar candidatos de la izquierda abertzale (...) que está gestionado, dirigido, coordinado y articulado por ésta".

Los documentos y conversaciones analizados revelan que Bildu es una nueva fórmula maquinada por el complejo ETA-Batasuna para volver a colarse en las instituciones. Son trece o catorce las siglas que ha empleado históricamente Batasuna para darse apariencia de legitimidad y diluir, con la vista puesta en las urnas, su condición esencial de brazo político de una organización terrorista. Digámoslo una vez más: por eso fue declarada ilegal por el Supremo, no por defender la independencia de los vascos.

No hace falta echar mano de las palabras chocarreras de Otegi para llegar a esta conclusión. Hay un documento de ETA ordenando a Batasuna que busque una alianza con EA para acumular fuerzas dispuestas a secundar la estrategia de la banda, hay un acuerdo en Bildu para repartirse los puestos en las listas de acuerdo con los resultados obtenidos en 2007 en el que los que corresponden exactamente a Batasuna aparecen ahora como independientes y hay incluso una autorización de ETA a Sortu, y después a Bildu, para que denuncie los atentados de la misma ETA, sin condenarlos ni abominar de los ochocientos muertos anteriores. Por si cuela.

Creo que es un acierto plantear la batalla jurídico-política en estos términos y no mediante el examen detallado de quién es quién en las listas proetarras. Así se hizo en 2007 y ANV resultó legal en unos pueblos e ilegal en otros. Un contrasentido.

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