EL nuevo Gobierno andaluz ha sido saludado con las habituales alharacas que suscitan este tipo de acontecimientos. Vistas las declaraciones, discursos y felicitaciones, parecía como si estuviésemos dando la bienvenida a un Gobierno seguro y compacto, apoyado en una amplia mayoría absoluta. Lo cual no es cierto.

Pero todos los gobiernos tienen al final su propio "estilo"; algo que forma parte de las características de cualquier sistema institucional en la práctica. Y el estilo andaluz no parece alejarse de sus raíces ancestrales: el consagrado paradigma de que Andalucía estaría "imparable", de que somos el eje de impulso y modernización de España y de Europa (y acaso del resto del mundo). Y así tenemos un Gobierno dispuesto a sorprendernos con una vorágine de proyectos e iniciativas que nos colocarán nuevamente a la vanguardia del siglo XXI. Argumentos que vienen amparados en la seguridad y empatía de nuestra presidenta: el inexpresable estilo trianero, que nos permite enfrentarnos con seguridad y optimismo a los desafíos colectivos que se nos pongan por delante.

Y no son simples palabras sino hechos: el Gobierno andaluz se ha estrenado con unas medidas inmediatas antidesahucio que, según su voz oficial (Canal Sur), se sitúan a la vanguardia de España (y seguramente de Europa). Dejando a un lado las incertidumbres que suscitan este tipo de medidas, su sentido político parece muy claro: el Gobierno andaluz se coloca a la estela de la predominante ideología podemista que nos invade. Del mismo modo que los grandes profetas de Podemos (en Barcelona o Cádiz) se enfrentan a su acción de gobierno después de haberse ungido en las aguas del Jordán de una acción antidesahucio (como los diputados de Cádiz en 1812 iban a misa antes de abordar sus tareas deliberativas), igualmente el Gobierno andaluz ha querido dejar claro que asume plenamente las claves de la nueva religión antidesahucio. Y que, además, es capaz de responder contundentemente a las mismas (son las ventajas tiene controlar el gobierno). A lo que ha seguido un nuevo proyecto sobre salud orientado a "rigidificar" el sistema público andaluz, bloqueando posibles líneas alternativas de desarrollo de la política sanitaria.

No se sabe si se trata de diseñar escenarios programáticos o simplemente de gobernar, como siempre, "a la contra" de Madrid. La priorización de la vivienda entendida como un derecho que predetermina el ejercicio de otros derechos fundamentales, implica primar un ámbito privado o familiar desde el que se proyecta todo ciudadano (su vivienda), lo que cuenta con el gancho mediático de los activistas antidesahucios. Ahora bien, priorizar un valor privado equivale a dejar en un ámbito de opacidad a otros valores colectivos que, al final, resultan más complejos de abordar mediante una acción de gobierno.

En cuanto al "blindaje" del sistema sanitario público, parece orientado a frenar riesgos de privatización: lo que supone eliminar posibles puentes entre la esfera pública y las restantes esferas, ya sean privadas o de tipo asociativo u ONG. Ni Cruz Roja ni Médicos Sin Fronteras ni San Juan de Dios u otras organizaciones del estilo tendrían ahora perspectivas de incorporar sus esfuerzos a la sanidad andaluza. De esta forma se eliminan alternativas al diseño de una política que, igual que sucede con la educación, tiene o ha tenido claves de apoyo en instrumentos de concertación con el sector privado.

En principio nada que objetar, salvo que en el contexto de precariedad de nuestro Estado de bienestar la priorización de bienes privados (la vivienda) o la "rigidificación" de lo público, son instrumentos de bloqueo a cualquier tipo de alternativas basadas en alianzas entre la sociedad y el sector público. ¿Es ése el camino correcto, en un contexto donde los recursos financieros públicos van a estar lastrados por el condicionamiento del marco de estabilidad europeo? ¿O nuevamente la bella historia de formular hermosos horizontes y ya saldrá el dinero de donde sea, al estilo griego?

Se supone que, a casi ocho años ya del desencadenamiento de la crisis, nuestros gobernantes deberían tener un balance suficientemente claro de la realidad: enrocarse en el reiterativo discurso de la crítica a los "recortes" supone ignorar lo que hay detrás, la inevitable escasez de recursos públicos. Y en ese contexto, cerrar las puertas a potenciales alianzas con la esfera privada o con el tercer sector es una forma de cortarnos las alas.

Con un proyecto antidesahucio y una sanidad pública, ya tenemos los escenarios proclamáticos del nuevo Gobierno. Y pese a las dudas o incertidumbres, no puede negarse su gran proyección mediática: a lo mejor se trataba sólo de eso.