SE trata de elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es malo que los partidos políticos pasteleen, como han hecho, para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ese gobierno de los jueces que decide nombramientos y pastorea la carrera judicial. Entiéndase: más vale que lo pacten entre los cinco partidos que suman la inmensa mayoría de diputados y senadores a que lo haga en solitario el que dispone de la mayoría. Pero no deja de ser anómalo que cada partido nombre a dedo a su consejero o consejeros preferidos para asegurarse así su agradecimiento y buen trato en la Administración de la Justicia. Algunos de los nombrados (PSOE y CiU) son incluso distinguidos militantes y ex diputados de estas formaciones políticas.

Peor sería, sin embargo, que el Partido Popular hubiera cumplido su promesa electoral de reformar el sistema de designación para que los 12 consejeros que han de ser profesionalmente jueces (de un total de 20 miembros) sean elegidos por los propios jueces en ejercicio. Con ese sistema el corporativismo quedaría asegurado, se crearía un Consejo completamente endogámico y el poder judicial quedaría desligado del órgano auténticamente representativo de la soberanía popular, que son las Cortes Generales. Es peligroso que los jueces se erijan como poder autogestionado, autónomo y descontrolado (otra cosa es su función juzgadora, que sí ha de ser plenamente independiente).

Si el procedimiento electivo por parte de los partidos políticos falla es por un problema de cultura política. La nuestra es más bien partidista y sectaria. Por eso cuando el PP nombra a los diez consejeros que le han correspondido ya sabe, y sabemos, que los diez se comportarán en su actuación como fieles seguidores del PP, y lo mismo harán, respectivamente, los siete del PSOE, 1 de IU, 1 de CiU y 1 del PNV. De modo que durante su mandato cada uno va a pronunciarse y votar aquello que convenga al partido que lo ha puesto a dedo.

Y son ellos mismos los que alimentan esta confusión y ponen en cuestión su independencia. En otros países democráticos cuando un magistrado o un consejero judicial toma posesión, cualquiera que sea la forma en que ha sido nombrado, automáticamente deja de deberse a nada y a nadie más que a su libre criterio en el ejercicio de su noble función. Es otra cultura, ya digo. Veremos si de estos veinte de ahora hay alguno que se salga de las consignas.