LA visita de Mariano Rajoy a Andalucía, el pasado miércoles, ha sido positiva. Lejos de la confrontación habitual entre los dos gobiernos de diferente signo, el presidente, que acudió a Sevilla a un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, anunció un aumento de las cantidades adelantadas por el Gobierno de la nación a las comunidades autónomas durante 2016, a cuenta de la recaudación de impuestos, de más de 7.000 millones de euros. En el caso de Andalucía, de 1.700 millones. Es una cantidad importante: significa un 5% del presupuesto general de la comunidad autónoma. Asimismo, siguen en vigor los mecanismos de liquidez para afrontar los problemas de las autonomías que suponen un ahorro importante al poder devolverse a un interés del cero por ciento. Las dos noticias deben ser celebradas como merecen en la medida en que permiten aliviar las dificultades financieras de la Junta y acometer la elaboración de los presupuestos de 2016 con perspectivas diferentes a las aplicadas, inevitablemente, en los ejercicios presupuestarios anteriores. Si se hacen bien las cosas, ello podría conducir a unas cuentas públicas para el año venidero con menos recortes que los impuestos en los años de crisis, mejora de los servicios prestados a los ciudadanos e incluso un mayor nivel de inversión pública. Esta insuficiente "alegría presupuestaria" debe orientarse en la dirección de satisfacer las prioridades del Gobierno autonómico y no malgastarse o desviarse de los objetivos de la política contenida en el discurso de investidura de Susana Díaz: el empleo, por encima de todo, la reactivación económica y la protección social a los colectivos más vulnerables. Andalucía necesita un presupuesto algo más expansivo que el que ha tenido que aprobar y ejecutar durante todos los años en que la crisis ha impuesto austeridad, restricciones y falta de impulso de la Administración Pública.