EN las últimas semanas se han producido varios acontecimientos que afectan a la laicidad del Estado, a la presencia pública de la religión y al pluralismo de creencias y valores en una sociedad democrática. Por una parte, la prohibición gubernamental de una procesión atea de la Asociación madrileña de ateos y librepensadores, y otros grupos afines, el Jueves Santo. De nuevo surge el conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa, y ambas tienen que ser sustentadas por un Estado democrático. El rechazo de la procesión se basa en que se pueden prever incidentes de orden público, que se utilizan imágenes y símbolos religiosos como objetos de mofa y escarnio, y que se escoge un día concreto para lesionar los sentimientos de una parte importante de la población.

Se presenta como laicismo lo que, en realidad, es antirreligión. En España hay grupos que se denominan laicistas y no lo son. El laicismo es la no confesionalidad del Estado y su neutralidad ideológica, respetando la pluralidad de convicciones de los ciudadanos. Hay grupos que abogan por un Estado que luche contra las creencias y manifestaciones religiosas, aunque  tengan una tradición milenaria. Pero un Estado que lucha contra la religión no es laicista, sino antirreligioso, y por tanto, "confesional" negativamente.

Tienen derecho los laicistas a luchar contra los elementos religiosos que subsisten en la sociedad, como residuos del nacional- catolicismo, pero no de agredir las manifestaciones, símbolos y cultos de las religiones. Cuando esto ocurre, es inevitable la reacción de los "ofendidos", sean católicos, musulmanes o judíos, y que resurja la violencia social. Parece que todavía no hemos aprendido de la II República, cuyos ochenta años conmemoramos, que no supo compaginar la búsqueda de un Estado laico con una Constitución, unas leyes y una forma de gobierno que permitieran convivir a todos los ciudadanos, sin imponer una parte de la sociedad a la otra.

El Estado tiene que conciliar los derechos de todos, pero tiene que evitar que una parte de la sociedad se sienta humillada o perseguida por otra. Y esto también tiene que ver con los que han irrumpido en las capillas de la Universidad complutense. Tienen derecho a luchar por una universidad sin capillas, de acuerdo con sus convicciones, pero no a mofarse de la sensibilidad religiosa de los que asisten a un acto de culto, impidiendo la celebración. La pasada campaña sobre el "Dios no existe, disfruta de la vida" fue atea, pero no atentó contra las religiones ni contra los creyentes.

Junto a esto hay una noticia de signo contrario. El Tribunal Constitucional admite que la Inmaculada pueda ser patrona del Colegio de Abogados de Sevilla. Están en su derecho los que propugnan cambiar de patronazgo y buscar otros símbolos, y esto forma parte de la democracia. Pero no hay que olvidar que muchos símbolos religiosos en Europa son también culturales. Asumir una tradición secular, aunque tenga un origen religioso, no implica, necesariamente, que se participe de su significado específico religioso.

En toda Europa el código cultural está impregnado de elementos religiosos. Defender la cultura propia es más necesario que nunca en el contexto de la globalización, pero si elimináramos todo lo que tiene elementos religiosos, después de dos mil años de cristianismo, nos quedaríamos sin raíces identitarias. Por eso, se puede defender la Semana Santa andaluza, parte de nuestro patrimonio religioso, cultural y folclórico, aunque no se sea creyente ni simpatizante del catolicismo.

En la sociedad secularizada se ha mermado el significado religioso de las manifestaciones. Símbolos introducidos por la religión han pasado a formar parte del patrimonio cultural de los pueblos. Recientemente, el Tribunal europeo de Derechos Humanos ha autorizado la presencia de crucifijos en espacios públicos italianos, en los que estaban desde hace siglos, en función de su simbolismo cultural y tradicional. Es perfectamente válido que haya ciudadanos que no estén conformes con esta resolución y luchen por cambiarla, pero no se puede ignorar que lo cultural tiene un valor en sí mismo, aunque sea religioso, y que las grandes obras del arte, de la música y de la literatura religiosa pueden ser aceptadas y valoradas por personas increyentes de toda religión. Y es una exigencia para todos asumir que la pluralidad de la sociedad democrática no autoriza la violencia física o simbólica contra las minorías o mayorías de la sociedad.

Hay que analizar cada caso y los conflictos son inevitables, pero hay que tener  claridad acerca de los principios de convivencia necesarios para que no pasemos del pluralismo a la violencia contra los otros.