BALTASAR Garzón parece empeñado en dilapidar un prestigio del que ya no anda sobrado. Su intento de lanzar una causa general contra el franquismo fue contestado con un durísimo recurso por el fiscal Javier Zaragoza, que ofrecía argumentos jurídicos sólidos para oponerse al auto del magistrado en el que se declaraba competente para instruir el sumario por las desapariciones y ejecuciones irregulares ocurridas en el bando nacional durante la guerra y la inmediata posguerra. Ahora el juez de la Audiencia Nacional intenta boicotear el recurso de la Fiscalía negándose a darle trámite. Considera Garzón que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda a las objeciones del Ministerio Público respecto a esta investigación. En un auto hecho público ayer, el juez recuerda que las normas procesales son de carácter imperativo y cualquier acto contrario a estas es "nulo de pleno derecho", por lo que debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 5 el que resuelva en reforma antes de que el asunto llegue a la instancia superior, que es la Sala de lo Penal. En definitiva, se trata de un nuevo pulso entre Garzón y la Fiscalía en un intento del magistrado por retrasar lo más posible un pronunciamiento de la Sala de lo Penal, que tiene muchas posibilidades de ser contrario a sus pretensiones. Cada vez da más la impresión de que Garzón ha lanzado el sumario contra los crímenes del franquismo en un indisimulado intento de mantener protagonismo mediático con una causa capaz de provocar un enorme interés en la opinión pública -y no sólo en la española-, pero inconsistente desde el punto de vista jurídico. No se trata, como hemos repetido hasta la saciedad, de cuestionar el derecho de los familiares de las víctimas a localizar y dar dignar sepultura a sus padres o abuelos, ni a recibir todas las reparaciones a las que tengan derecho. Pero los intentos de abrir viejas y muy dolorosas heridas que los españoles hicimos un sincero esfuerzo por superar hace ya treinta años es, a estas alturas, un disparate que no debemos permitirnos. La Guerra Civil y sus tremendas consecuencias deben permanecer en la memoria de los españoles porque conocer la historia, para no repetirla, es un deber elemental de ciudadanía.